Al menos durante un par de años es muy improbable el registro de avances en materia de seguridad sin el acompañamiento y la intervención directa de las Fuerzas Armadas en respaldo de las Policías federales, estatales y municipales, de ahí que el presidente Enrique Peña Nieto parcialmente tenga razón en el reconocimiento pendiente a ellas.

Sin embargo, la participación militar no siempre produjo avances claros, cualitativos o cuantitativos relevantes para la tarea centralísima que el primer mandatario saliente reconoció este martes que deberían haber cumplido.

Aunque “se actuó en el firme propósito de recuperar la libertad y la tranquilidad que anhelan todas las familias mexicanas”, el Presidente no ofreció evidencia contundente de que esa actuación se haya convertido, datos de por medio, en la disminución de ninguna de las variables centrales relacionadas con las violencias y la inseguridad.

Al menos desde 2011, en las direcciones técnico-operativas e institucionales del Ejército Mexicano y de la Marina, existía inquietud acerca del daño que a la imagen y a la percepción social de ambas instituciones estaba causando la intervención directa como plataforma de respaldo contra el crimen organizado y los respectivos “daños colaterales”.

Por ello, se realizaron diversas pláticas y reuniones formales, incluso cursillos de acercamiento con liderazgos sociales y mediáticos, ante el impacto dejado en la opinión pública por acciones controvertidas o abiertamente cuestionadas desde una óptica de derechos humanos.

De ahí y de la necesidad de brindar certezas normativas específicas a los altos mandos y a los cuerpos operativos en territorio, se generó la idea de formalizar las facultades y competencias de las Fuerzas Armadas con una Ley de Seguridad Interior que, en realidad, únicamente precisa lo que ya establece la Constitución en el sentido de permitir la intervención, por ejemplo, del Ejército cuando las autoridades locales la solicitan para fortalecer las tareas y operativos de seguridad.

Sin embargo, aun cuando la recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior no radicaliza las tareas constitucionalmente permitidas, la decisión de la nueva mayoría morenista de impulsar su propia versión de un plan de seguridad apropiado al nuevo tiempo que vivimos, en el cual se cuestiona el enfoque predominante en los últimos 12 años, ha producido la expectativa de que esa ley no vea en realidad su aplicación.

Al mismo tiempo, en el esquema de Morena ocupa un lugar destacado la coordinación de las Fuerzas Armadas con las Policías y las autoridades civiles, por lo cual el pronunciamiento de Peña Nieto acerca de su carácter necesario para las comunidades más alejadas y dispersas o urbanas y altamente vulnerables justifica la afirmación central del mandatario en el sentido de que “los mexicanos están en deuda con las Fuerzas Armadas”.
Está pendiente aclarar cuál será después de diciembre la amplitud formal de sus intervenciones.

@guerrerochipres