Trump restringirá asilo
A dos días de las elecciones en las que los republicanos perdieron el control del Congreso, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer cambios en sus políticas migratorias, a fin de negar asilo a quienes entren de forma ilegal por la frontera con México, mientras avanza la caravana de centroamericanos que buscan el sueño americano.
A la espera de una proclamación oficial de Trump, prevista para este viernes, con la modificación los inmigrantes que crucen de forma irregular la frontera no podrían solicitar asilo en el país y solo podrían hacerlo quienes acceden por puntos de acceso autorizados, informaron en un comunicado los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional.
“Hoy, utilizamos la autoridad que nos dio el Congreso para prohibir (el acceso) a los inmigrantes que violan cualquier suspensión presidencial sobre llegadas (al país) u otra restricción para poder ser elegido asilado”, señalaron la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el fiscal general interino, Matt Whitaker, en la nota.
“La norma otorga la autoridad (…) para eliminar la elegibilidad para asilo a aquellos inmigrantes que se vean afectados o que vulneren una suspensión o limitación para acceder a EU a través de la frontera con México y que esté impuesta por proclamación presidencial”, precisó un alto funcionario de la Administración en una rueda de prensa telefónica.
Las nuevas restricciones al derecho de solicitud de asilo se basan en la prerrogativa que permitió a Trump emitir en 2017 un veto migratorio a países de mayoría musulmana.
Trump ha asegurado que los inmigrantes que llegaban irregularmente por el límite con México pedían asilo para no ser deportados y quedar en libertad mientras se resolvía su situación.
Generalmente, las autoridades liberan a los solicitantes mientras se gestionan sus casos porque estos no suponen un peligro y por la falta de espacio en los centros de detención estadounidenses, que Trump pretende ampliar.
Activistas anticipan que, como ocurrió con el veto migratorio de 2017, varios grupos presenten demandas judiciales para retrasar o bloquear los límites a las solicitudes de refugio, ya que las leyes del país recogen que tiene derecho a hacerlo cualquier persona que pisa suelo estadounidense.
Así, el ordenamiento puede llegar hasta la Suprema Corte, la cual cuenta ahora con una mayoría conservadora (tras dos nombramientos realizados por el propio Trump) que le permitirá validar finalmente sus medidas.
Por lo pronto, un grupo de soldados llegó ayer a la frontera entre San Diego (California) y Tijuana (México), para reforzar la seguridad ante la posible llegada de la caravana de migrantes que partió hace casi un mes de Honduras con destino a EU.
La pelea por el DACA
Un tribunal federal de apelaciones de EU dio ayer la espalda al Gobierno de Trump, al mantener en vigor el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados.
Pero el Ejecutivo aún puede llevar el caso a la Suprema Corte, de mayoría conservadora, la cual se podría reforzar si se retira la juez Ruth Bader Ginsburg, quien ayer sufrió una caída y está hospitalizada.
Ginsburg, de 85 años, es la juez de más edad del Supremo e icono en círculos progresistas por su defensa en temas como el derecho al aborto.
Genera polémica salida de Sessions
El despido del Fiscal general, Jeff Sessions, desató una ola de críticas contra la Administración de Donald Trump.
La oposición demócrata advirtió que investigará la salida de Sessions, quien dejó el cargo el miércoles pasado a petición de Trump, después de meses de tensiones entre ambos; y un senador de ese partido, Joe Manchin, opinó ayer que ese cambio sitúa al país “al borde” de una crisis constitucional.
Trump nunca perdonó a Sessions que se apartara de todo lo relacionado con la investigación del Rusiagate que dirige el fiscal especial Robert Mueller, debido a sus contactos con Moscú.
El mandatario nombró como sustituto temporal de Sessions al que era su jefe de gabinete, Matthew Whitaker, y le concedió la autoridad para supervisar las pesquisas de Mueller, arrebatándosela al vicefiscal general, Rod Rosenstein, quien tenía esa responsabilidad desde hace un año y medio.
Este nombramiento despertó desconfianza, ya que el año pasado, Whitaker escribió una columna de opinión para la cadena CNN donde criticó la investigación Mueller.
La Casa Blanca negó ayer que EU haya entrado en una “crisis constitucional” tras el despido de Sessions, y dijo que el presidente Trump no ha solicitado por ahora que el Departamento de Justicia limite la investigación sobre el Rusiagate.
“Esta no es una crisis constitucional”, afirmó la consejera de Trump, Kellyanne Conway, en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.
En tanto, cientos de personas se manifestaron en varias ciudades para protestar contra Trump, y su decisión de destituir a Sessions y dejar a una persona de su confianza, así como para exigir que siga la investigación de Mueller.
LEG