Esta semana está por discutirse la iniciativa que dará vida a la nueva Fiscalía General. Una iniciativa que fue redactada y revisada por la ministra Olga Sánchez Cordero.

 

Sin embargo, la propuesta final que se ha estado discutiendo en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado, no ha gustado a las bancadas del PAN no de Movimiento Ciudadano.

 

En tanto que diversas organizaciones que ayudaron a redactar la iniciativa original, enviada por Morena al Congreso de la Unión, han alertado su preocupación por los cambios hechos, mismos que podrían quitar la fuerza y autonomía a la futura Fiscalía General.

 

Para el grupo parlamentario de Morena, es importante impulsar la iniciativa mediante la cual se expediría la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y una vez logrado comenzarían a discutir la designación del futuro Fiscal.

 

Pero eso es justo lo que organizaciones y partidos de oposición no quieren, que se conforme una fiscalía en la que sea nombrado un Fiscal “carnal”.

 

Es importante que en esta semana se logren modificar algunos puntos de la iniciativa que trae Morena, y que se pueda incluir un verdadero modelo de investigación criminal que ayude a combatir no solo los delitos, sino a que los servidores públicos brinden un verdadero contrapeso en sus investigaciones y, sobre todo, en los resultados que vayan obteniendo, es decir, que se termine el rezago que hay actualmente en las carpetas de investigación.

 

Si en verdad se logra llegar escrupulosamente a la definición de la Ley Orgánica, que ponga en el centro del modelo la profesionalización de su personal, se podría entonces hablar de un Fiscal General que tendrá una estructura operativa.

 

En otros procesos, interesante lo que está ocurriendo en la cooperativa de Cruz Azul; ayer se dio a conocer que el juez vigésimo cuarto de lo civil del tribunal superior de justicia de la CDMX, determinó la nulidad de la Asamblea de la Cooperativa Cruz Azul del pasado mes de septiembre y, con ello, dejó sin efecto alguno los nombramientos de Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, que ostentaba José Antonio Marín Gutiérrez, y de Presidente del Consejo de Vigilancia, a Víctor Manuel Velázquez Rangel, a quienes también se les separó de sus puestos de trabajo.

 

Esto independientemente de que ordenó que a ambos se les investigue por violación a los estatutos cooperativistas, lo que se suma a las demandas de agresión sexual en contra de Víctor Velázquez, y por extorsión y fraude a distribuidores Cruz Azul.

 

Este asunto puede llegar más lejos pues esta cooperativa es una de las más grandes de Latinoamérica y cuenta con grandes recursos; de hecho, funcionarios del juzgado civil detallaron que podrían ser investigados funcionarios y ex funcionarios de la actual administración que intervinieron al interior de la cooperativa.

 

Tan solo hay que descartar que de las irregularidades detectadas durante la Asamblea, ahora anulada, se encuentra la injerencia del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, quien a cambio de su apoyo se vio supuestamente beneficiado por parte de Velázquez con la adjudicación de distribuidoras de cemento Cruz Azul en el estado de Hidalgo.