La industria aguacatera de exportación de nuestro país atraviesa por una severa crisis: el comercio internacional está detenido por un grupo de productores que mantiene cerradas carreteras y ha secuestrado camiones en el estado de Michoacán, que comanda Silvano Aureoles.
Ante esta situación se están dejando de exportar a los Estados Unidos 3 mil toneladas diarias de esta fruta, lo que representa una pérdida para los productores de unos 60 millones de pesos por día.
El resto de la cadena productiva (cortadores, empacadores, transportistas, etc, que en total suman 18 mil 800 empleos directos y más de 70 mil temporales) también registran un quebranto millonario, debido a que se encuentran sin trabajar desde hace poco más de dos semanas, fecha en que inició el conflicto a raíz de la exigencia de un pago justo por cada tonelada de aguacate.
Sin embargo, el daño económico podría ser más grande pues también se ha dejado de vender a otros mercados diferentes a la Unión Americana, así como para el consumo nacional, lo que podría representar otros 30 o 40 millones de pesos diarios tan solo para los productores y una cantidad igual para los otros participantes de la cadena de valor.
Para la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM) este conflicto se ha tornado muy preocupante, pues ha puesto en riesgo contratos de promoción en EUA, como la que se hace con motivo del próximo Súper Bowl, que ha sido la mayor ventana para el consumo de esta fruta a nivel mundial; y es que tan solo el año pasado, se consumieron 35 mil toneladas con motivo de ese evento deportivo.
Nos dicen que, la mayoría de los 25 mil asociados de la APEAM quieren seguir cosechando de manera normal para llevar sustento a sus familias y revertir el daño causado, pues la falta de confianza en México ya es evidente en las grandes cadenas de autoservicio en Estados Unidos, que han volteado a ver su abasto en otros países como Perú, a consecuencia de las acciones de unos cuantos en contra de la mayoría.
En marcha la renovación de la CEM
A partir de ayer y hasta el próximo sábado, los más de mil obispos del país agrupados en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llevan a cabo su asamblea plenaria, en la que votarán para renovar los consejos de la presidencia y permanente, así como los cargos de las ocho comisiones episcopales y 33 dimensiones que se derivan de ellas, lo que suma más de 70 nombramientos.
Nos dicen que la presidencia de la CEM podría ser ocupada por obispos con un perfil más cercano a la agenda del Papa Francisco, pero también con una línea pastoral a fín con el próximo Gobierno Federal, sobre todo en materia de la construcción de la paz.
Para este encargo, suenan los nombres de Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia; o Salvador Rangel, Obispo de Chilpancingo-Chilapa; ambos ministros de la iglesia que han impulsado en sus diócesis, programas de atención a víctimas de la violencia.
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@JuanMDeAnda