Finalmente, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo de trabajo presentaron el Plan Nacional de Paz y Seguridad; durante la presentación se prometió que habría nuevos paradigmas para llegar a la paz que requiere el país.

En ocho puntos, Alfonso Durazo, próximo encargado de la seguridad en el país, resumió el plan que será aplicado en el período 2018-2024. Pero sin la completa lectura de la iniciativa se observa que no hay tantas novedades, ya que varios de los puntos planteados los hemos visto plasmados en los programas gubernamentales de los anteriores Gobiernos. E incluso vemos que las fuerzas castrenses jugarán un papel clave, pues más que regresar a los cuarteles, estarán más presentes.

Por ejemplo, por décadas llevamos escuchando que se combatirá la corrupción, que se respetarán los derechos humanos y que se controlarán los penales. Lo que resulta curioso es que el primer punto del Plan Nacional de Paz y Seguridad es similar a la propuesta que lanzara al inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto, que fue el combate a la corrupción.

Habría tan sólo que recordar que en julio de 2012, el entonces virtual ganador de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto, afirmó que su principal y primera acción sería combatir la corrupción en todos los niveles gubernamentales. Seis años después, el Plan Nacional de Paz y Seguridad en su primer punto detalla que será primordial erradicar la corrupción en todos los niveles.

Pero de los ocho puntos, hay uno que nos debería preocupar y ocupar, y es la llamada creación de la Guardia Nacional. Justo en esta semana hemos escuchado el debate entre los ministros de la Suprema Corte en torno a la llamada Ley de Seguridad Interior, que se supone regula a las fuerzas militares en cuestiones de seguridad.

Todo indica que este mismo jueves el pleno de la Corte declarará inconstitucional esta ley, además de que diversas organizaciones han expresado el peligro que representa seguir militarizando la seguridad del país, como ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto.
Horas antes de la presentación del programa, las organizaciones llamaron a los miembros del próximo Gobierno para abstenerse de proponer reformas constitucionales y legales que mantengan el paradigma de la militarización de la seguridad pública, como la creación de una Guardia Nacional.

Sin embargo, ayer se detalló el funcionamiento de esta Guardia Nacional que estará integrada por militares, marinos y policías federales, lo que implica que en los próximos años tendremos a más militares fuera de los cuarteles.

Durazo explicó que la Guardia Nacional tendrá 50 mil policías militares entrenados por la Secretaría de la Defensa Nacional, situación con la cual se resolvería, según el plan, la creación de una “institución policial confiable”.

En este plan observamos que pese a todas las críticas habrá más participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que de civiles. Incluso uno de los párrafos de la iniciativa detalla: “Debe admitirse con toda franqueza que, dada la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de Gobierno, resultaría desastroso relevar a las Fuerzas Armadas de su encomienda actual. Ante la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia, es necesario seguir disponiendo de las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública”.

En el nuevo plan no se habla de reestructurar a los cuerpos policiacos municipales, estatales o federales que son los que combaten los llamados delitos de alto impacto y que son hoy los que nos están afectando a la sociedad.