En un hecho sin precedente entre el Poder Legislativo y las Fuerzas Armadas, la Comisión de Defensa del Senado de la República pospuso la ratificación de ascenso a general de División de José Luis Sánchez León, por considerar los legisladores que requieren allegarse de más información, ya que se le vincula con la supuesta ejecución de civiles en Tlatlaya, Estado de México, en 2014.
La Comisión de Defensa, que preside el morenista Félix Salgado Macedonio, sometió a la aprobación de los legisladores el ascenso de 186 de los 187 nombramientos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto y enviados al Senado para su ratificación.
“Ciento ochenta y seis consideramos que están para aprobarse y solamente un caso habrá que solicitar mayor información de dicho expediente, con hoja de servicio del señor general José Luis Sánchez León. Ese caso lo dejaríamos a fin de que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional pudieran allegarnos mayor información al respecto”, señaló Salgado Macedonio.
El general de brigada José Luis Sánchez asumió, en agosto pasado, el mando de la Cuarta Región Militar en Veracruz, y se le vincula con los hechos de Tlatlaya, cuando era comandante de la 22 Zona Militar, a la que pertenece el 102 Batallón de Infantería, implicado en la supuesta ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes; a los tres meses fue relevado de ese cargo.
Los ascensos de los militares del Ejército y Fuerza Aérea serán presentados al pleno del Senado para su ratificación en la sesión de este jueves, para que surtan efecto a partir del próximo 20 de noviembre, como es tradición en las Fuerzas Armadas.
Claves del caso
30 junio de 2014. 22 civiles, presuntos secuestradores, habrían sido ejecutados de manera extrajudicial en una bodega de Tlatlaya, Estado de México.
26 de septiembre. Un oficial y siete soldados que supuestamente participaron en los hechos fueron llevados a juicio.
21 octubre. La CNDH emite un informe en el que señala que ocho elementos de la Sedena ejecutaron a 15 de las 22 personas. Dos eran menores de edad y, presuntamente, todos se habían rendido y estaban desarmados.
15 de mayo de 2016. Un juez ordena la liberación de los siete militares al no haber encontrado elementos que los responsabilizaran de la presunta ejecución de 15 personas.
LEG