El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior en la sesión de este jueves, al considerar que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar sobre la materia.
Para invalidar la ley, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2017, se requiere el voto de ocho ministros de los 11 que integran la SCJN; durante la sesión del martes pasado, uno se dijo a favor, seis se pronunciaron por anularla y aún faltan cuatro ministros por pronunciarse.
Consultado al respecto, el especialista Pedro De la Cruz, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que de proceder la inconstitucionalidad de la norma se tendría que buscar una redefinición del papel de lás Fuerzas Armadas en la lógica presidencial del próximo Gobierno.
“Si la SCJN decide no aprobar la Ley de Seguridad Interior estaríamos, a mi juicio, en un escenario positivo, porque es una ley que en el fondo no fue dimensionada en los términos de una lógica estratégica del Estado mexicano en cuanto a una política de seguridad, que realmente permita avanzar hacia un proceso de pacificación”, declaró en una entrevista con 24 HORAS.
Para el también coordinador de investigaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, el tema esencial es que, si no hay una reestructuración policial en cuanto a los sistemas de confianza, la profesionalización, la proximidad con la sociedad y la rendición de cuentas, difícilmente se podrá registrar y ofrecerse avances en la pacificación del país.
Por su parte, José Perdomo Galicia, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, consideró que probablemente la ley se podría sustituir a través de normas especiales que se realicen en el Congreso para dar cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad y Paz mque ha propuesto el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
En otro tema, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, sostuvo que en democracia la separación de Poderes implica diálogo y enfatizó que la independencia de jueces y magistrados no es un privilegio, sino una condición necesaria para impartir justicia con autonomía, tanto de los intereses económicos como de las circunstancias políticas.
Al encabezar la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos por Antigüedad de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, advirtió que la independencia de los jueces federales no es un patrimonio propio, sino un derecho del pueblo de México para contar con juzgadores independientes y confiables.
LEG