PANAMÁ.- La paralización de los proyectos de infraestructura por los casos de corrupción es un dilema que hace cada vez más pobre a Latinoamérica, por lo que se deben adoptar nuevos mecanismos para evitarlo, urgió ayer el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.
El estancamiento en la mayoría de los casos se debe a que se impone la nulidad de los contratos de las obras en ejecución, una sanción que afecta tanto a “justos como a pecadores”, declaró el alto ejecutivo que participa de un foro de transparencia en Panamá.
“En casi la mitad de los países de la región hay investigaciones en marcha por la corrupción en proyectos de obras públicas, además un número importante de políticos y empresarios de la construcción cumplen procesos penales, y varios de ellos condenas”, expresó.
Enfatizó que para salir de esa trampa se deben hallar respuestas complementarias a la nulidad que castiga a los corruptos, pero que también permita la continuidad de las obras.
Moreno indicó que la transparencia e integridad actualmente son una máxima prioridad en la agenda política de la región, pero el ejercicio de la penalización no deja de ser difícil e indispensable para las democracias.
“La principal consecuencia de esta crisis es que muchos de los países han paralizado inversiones, y de la mano, la ejecución de muchos proyectos de obras publicas, esto es grave porque necesitamos modernizar nuestra infraestructura para desarrollarnos y tener más productividad”, manifestó.
El directivo explicó que Latinoamérica tiene que invertir 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, pero en las últimas dos décadas solo se ha realizado la mitad; sin embargo, expuso que países de Asia invierten un 8% de su PIB.
“No solo nos estamos quedando atrás, la paralización de las obras nos esta haciendo más pobres”, advirtió Moreno en la inauguración del I Foro para Fortalecer el Diálogo Regional en Materia de Transparencia en la Inversión y Proyectos de Infraestructura.
Citó como ejemplos de paralización por casos de corrupción a naciones como Colombia, que cuenta con varios proyectos valorados en millones de dólares que no han sido terminados por estar en procesos de litigios.
De igual forma está Perú, cuyo Gobierno calcula que hay proyectos pendientes de ejecución por más de 9 mil millones de dólares, a la vez contabilizan la perdida de miles de empleos y decenas de empresas en quiebra.
En el caso de Brasil, las obras paralizadas por irregularidades totalizan unos 27 mil millones de dólares, una cifra que supera el PIB de un país como El Salvador.
“Estas paralizaciones se producen porque la mayoría de los países exige que ante hechos de corrupción en obras públicas se anulen los contratos, el principio es claro, la corrupción no debe ser rentable; el problema es que la nulidad trae consigo un efecto derrame que castiga a muchas personas”, señaló Moreno.
Perú descarta persecución política
El vicecanciller de Perú, Hugo de Zela, entregó ayer al embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros, una nota diplomática de su país con la posición oficial sobre el pedido de asilo planteado por el ex mandatario Alan García a ese país, en la que rechazó que haya persecución política.
Al ser consultado sobre el tiempo que le tomará a Uruguay dar respuesta a la solicitud de García, el embajador respondió “todo el tiempo que sea necesario”.
La información recibida por Barros “recalca que en el Perú impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”, indicó la cancillería en una nota de prensa.
Alan García ingresó a la residencia del embajador uruguayo en Lima el pasado sábado para solicitar el asilo, bajo el argumento de ser un perseguido político y sólo horas después de haber recibido el impedimento de salida del país por una investigación por colusión agravada y lavado de activos.
LEG