Jesús el Rey Zambada está determinado a seguir puntualmente la estrategia de sus abogados. Arroja datos en contra de quien sea y de Joaquín el Chapo Guzmán, acusado por tráfico de armas y no por homicidio. Busca condiciones de negociación apropiadas para un ajuste a su condena en el futuro próximo.
La credibilidad de sus dichos es semejante a la que puede atribuirse, por ejemplo, durante una disputa postelectoral a cualquier directivo de una campaña presidencial perdedora que, enemistado con otro miembro de la misma, quisiera arrojar la culpa sobre la derrota.
Zambada y Guzmán son presa de la maquinaria judicial y procesal estadounidense. Aunque no es un sistema para bromas, es inexacto en los rendimientos informativos, los cuales no son equivalentes a las verdades presentadas.
Dicho de otra manera, se amontonan nombres y dichos sin que se les acompañe de evidencia asociable. Se arrojan para convencer al jurado de afirmaciones presentadas al inicio del juicio no necesariamente conectadas con el tema del mismo.
Si los abogados de Zambada tienen pruebas contra el ex presidente Felipe Calderón o contra el actual mandatario, Enrique Peña, podrían presentarlas -ni las tienen ni es su interés- y hacer contundentemente arrolladoras las afirmaciones respecto del involucramiento de esos políticos en la recepción de gigantescos sobornos que existieron, según el no precisamente muy honesto capo.
Ciertamente es muy lamentable el estado de la confianza pública contra los ex mandatarios, en diversas medidas y por diversas razones, que hace verosímil, aunque no verdadera, la acusación… hasta cierto punto.
¿Para qué habría de recibir un Presidente dinero del narco con moches tan jugosos como lo ha mostrado la obra pública de este sexenio?
Si los mismos profesionales de la negociación de evidencias con la fiscalía estadounidense, pagados por Zambada, tuviesen pruebas compartibles sobre la entrega de dos maletines con millones de dólares, como dice ese personaje que ocurrió, a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Calderón, no se entiende por qué ocultarlas.
De la misma forma, si hubiese evidencia del involucramiento en un soborno cuyo destinatario sería Gabriel Regino, ex subsecretario de la SSPDF durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la capital del país, procedería la evidencia correspondiente.
Habría una imposible ingenuidad en el grupo de Zambada si se entregaran millones de dólares a alguien que eventualmente sería titular de la SSPDF cuando ni siquiera existían condiciones claras para ello.
Los casos en que el crimen organizado ha comprado a autoridades electas o administrativas relacionadas con la seguridad hacen verosímil, pero no verdad, las afirmaciones de Zambada.
Lo dicho en el juicio, sin respaldo de evidencia, ciertamente sí son reveladores de la feria de desconfianzas y carrusel de oportunismos con que cierra este sexenio. Pero de pronto parece que buscan ganar rating desde otra ficción a la que hay en la nueva temporada de Narcos, estrenada hace unos días y dedicada a la escena mexicana.
@guerrerochipres