En conflicto con la ley, seis mil 144 adolescentes
Hasta septiembre de 2018, en todos los estados de la República existían seis mil 144 adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales, mil 512 cumplían una medida privativa de la libertad por haber cometido delitos como robo, homicidio y secuestro; de ese último grupo, al menos 33% son reincidentes, de acuerdo con el Estudio de Factores de Riesgo en Adolescentes que Cometieron Delitos de alto Impacto Social, elaborado por la organización Reinserta.
El delito más común entre los adolescentes entrevistados por el estudio es homicidio (36.8%), seguido de robo agravado (27.8%) y delitos contra la libertad (18%). Más de la mitad (56.6%) dijo haber recibido golpes durante su detención, sin embargo, 60% admitió haber cometido el delito y cree que el castigo es justo.
Según el estudio, dos de cada tres menores consultados reportaron haber tenido acceso a armas de fuego y cuatro de cada 10 había cometido algún delito antes de ingresar al centro de internamiento.
El estudio comenzó en 2017 y concluyó en 2018, basado en entrevistas a 502 adolescentes privados de la libertad en centros de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Yucatán.
Entre las principales recomendaciones en la materia realizadas por Reinserta destacan desarrollar políticas públicas centradas en la adolescencia y la juventud, en las cuales se fortalezcan los factores de protección, así como el involucramiento y participación ciudadana juvenil.
Así como garantizar espacios de recreación y aprendizaje seguros; impulsar programas de prevención y tratamiento de uso y abuso de drogas y sustancias, incluido el alcohol; prevenir la violencia intrafamiliar e incorporar la visión de justicia restaurativa dentro de las escuelas.
Al presentar el estudio, en el Museo Memoria y Tolerancia, Mercedes Castañeda, directora general de Reinserta, planteó que el próximo Gobierno federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, deberá adoptar la adopción de un protocolo de desmovilización para jóvenes que se involucraron con organizaciones del crimen organizado.
Afirmó que es urgente el diseño y puesta en operación de un modelo nacional de reinserción social, ya que si bien en 2016 se publicó la Ley de Justicia para Adolescentes, no se acompañó de un instrumento de ese tipo.
“Necesitamos que este modelo esté basado en evidencia, que tenga bases comunitarias, que direccione las prácticas de los centros de externación y de los centros de internamiento y homologue las intervenciones posteriores al internamiento”, afirmó.
LEG