Con 72 votos a favor y 46 en contra, el Pleno del Senado de la República, aprobó reformas a la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, que crea la figura de delgados estatales y la facultad del Ejecutivo a crear comisiones presidenciales de investigación y fiscalización.
Asimismo, se crea la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quitando esa facultad a la Secretaría de Gobernación y el cambio de nombre de Secretaría de Desarrollo Social, por Bienestar.
En la discusión en pro y en contra, los senadores del PAN, advirtieron que promoverán una acción de inconstitucionalidad para eliminar la figura de los denominados superdelegados, al considerar que vulnera el Pacto Federal.
Enfatizaron además, que se quitan facultades a los secretarios de estado, quienes no administrarán sus respectivas dependencias, sino que todos los nombramientos de sus colaboradores se hará desde el Ejecutivo bajo un esquema centralista.
En ese mismo sentido, por el PRI, la senadora Beatriz Paredes, argumentó que “bajo la argumentación de mayor austeridad y de minimizar el dispendio, se plantean un conjunto de reformas que se antojan provocarán una excesivamente centralización, situación que afectará a la sociedad, pues es conocido que la centralización vuelve más tortuosos los procesos y por tanto, menos eficiente la administración”.
Dijo que la tendencia a una mayor centralización, afecta de “manera dramática al Pacto Federal, y acentúa la tendencia antifederalista que proyecta el régimen de la futura administración”.
Al respecto, el senador de Morena, Primo Dothé Mata, dijo que la amenaza de promover o presentar una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley, “es una burda reacción por querer mantener un poder que perdieron en las urnas” y advirtió que el gobierno tiene que cambiar, incluyendo acciones transparentes y un ejercicio del control administrativo como lo establecen las reformas propuestas.
Consideró que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública representan una garantía para mejorar el desarrollo y diseño de las políticas de protección y seguridad social, desde una coordinación transversal entre las dependencias involucradas. “Quién puede estar en contra del mejoramiento de las políticas en beneficio de los mexicanos”.
En lo particular el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, presentó una reserva para mantener el artículo 27 de la Ley, referente a los medios públicos de radio y televisión, tal como se encuentra actualmente.
“Debemos garantizar el tránsito hacia un modelo de gobierno abierto, con un pleno respeto a la libertad de expresión, sin gastos excesivos, sin control, sin cooptación, sin compra de silencios o favoritismos para personalidades políticas o pública, pero menos coerción hacia los medios de comunicación sea cual sea su origen y sea cual sea su dueño”.
A partir de ello, exhortó a seguir analizando el tema de los medios públicos para reforzar la Ley del Sistema de radiodifusión pública. Y ante las críticas, atajó:
“Señores comunicadores, académicos, y gente que comentó sobre esta situación que les preocupaba: están servidos”.
En tanto, la senadora del PT, Cora Pinedo, defendió la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a fin de garantizar el bienestar y protección de la población.
dpc