Oficialmente hay cambio de estructura.
En los hechos es el paso necesario para preparar el arribo de una nueva generación de colaboradores afines al grupo dominante.
Pero al margen de enfoque, la realidad está a vistas: el desmantelamiento de la administración del Senado está en marcha y se consumará el 30 de noviembre.
Es la decisión tomada en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) e instrumentada por la directiva de ese cuerpo parlamentario.
Los presiden respectivamente Ricardo Monreal y Martí Batres, ambos militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y operadores de Andrés Manuel López Obrador.
Para efectos, es asumir el control absoluto.
Si desde el 1 de septiembre tienen la mayoría para conducir votaciones y decisiones legislativas, desde diciembre tendrán todos los órganos de Gobierno.
Políticos y administrativos.
Ya nada se les resistirá porque disponen de crecientes alianzas y colaboraciones, y la debilitada oposición real apenas alcanza voz, pero jamás dominará el voto.
SE VAN MÁS DE 400 ADMINISTRATIVOS
Para medir el alcance de esta disposición, vayan unas cifras:
El Senado de la República llegó a tener tres mil 900 empleados, incluido el personal de confianza encargado de elaborar y redactar proyectos y dictámenes de los senadores.
La inmensa mayoría eran de confianza o eventuales y se marcharon con los anteriores legisladores, pero los restantes ya fueron despedidos y solamente quedan 590 de base.
El viernes 30 les seguirán al desempleo los últimos de confianza: 131 del organigrama administrativo y 300 de apoyo.
Entre quienes se irán destacan tres: Roberto Figueroa, secretario general de Servicios Administrativos; Arturo Garita, secretario de Servicios Parlamentarios, y el tesorero Lauro López.
La República sabrá luego si ganó o perdió con este desmantelamiento instrumentado para empatarlo con el discurso político, pero también con motivos ideológicos.
COFECE VIOLA DERECHOS HUMANOS
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha ido un paso al frente.
Por primera vez investigó y actuó contra de un órgano autónomo y lo acusa de violar los derechos fundamentales.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dice la recomendación 60/2018, transgredió los de los notarios con el trabajo Leyes estatales del notariado y acusar al fedatario de ser “el obstáculo más absurdo para competir y emprender”.
Un sinsentido, protestaron los colegios de la Ciudad y del Estado de México, porque no tienen calidad de agentes económicos y además no se respetaron sus derechos de audiencia y defensa.
El organismo de Luis Raúl González Pérez le dio la razón y ahora la Cofece de Alejandra Palacios Prieto debe retirar el trabajo de su portal, emitir una circular para respetar la Ley Federal de Competencia Económica, impartir cursos de derechos humanos.
Esta insólita recomendación deja preguntas pendientes:
¿Cuántos órganos autónomos estarán en la misma situación de la Cofece?
¿Continuará con esta sana práctica la CNDH?
