Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado aprobaron ampliar el catálogo de delitos en los que el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.
De esa manera, se incluyeron abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Respecto de los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y hechos de corrupción, procederá en las hipótesis delictivas cuya media aritmética exceda de cinco años de prisión, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes.
Al respecto, el senador del PAN, Damián Zepeda, se pronunció en contra del dictamen por considerar que incluir más delitos es una salida fácil, toda vez que se ha demostrado que no se reducen los índices delictivos, por el contrario hay más impunidad y aumento de inseguridad.
Refirió que el 95 por ciento de los delitos no se investigan. “Entonces, así no se va a terminar con el problema de inseguridad”. Lo que se hará es meter a la cárcel a personas sin que se tengan pruebas del ilícito.
No obstante, la también senadora del PAN, Guadalupe Murguía, se manifestó a favor del dictamen, dejando ver las diferentes posturas que existen al interior de su grupo parlamentario.
En su participación el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, pidió a los legisladores de Morena no repetir la misma política criminal que sus antecesores de PRI y PAN, cuando gobernaron se registró mas violencia e inseguridad en México.
Señaló que privar de la libertad a las personas sólo engrosará la población carcelaria, a pesar de que el sistema penitenciario está “quebrado” excediendo su capacidad en 120 por ciento. Argumentó que en Baja California Sur, el 70 por ciento de las personas en reclusión no tienen sentencia; en Durango el 65 por ciento; en Michoacán el 98 por ciento, y en Guerrero la mitad de la población carcelaria esta sin sentencia condenatoria.
fahl