Pareciera no importarles los programas.
Porque los nuevos funcionarios llegan y, en lugar de ver las tareas y los resultados de las secretarías de Estado, de los organismos descentralizados y empresas sociales, exigen:
-¿Y dónde están los contratos?
Les interesa saber cómo se otorgaron, si por asignación y favoritismo o por concurso y con reglas claras.
Las formas son importantes, pero más los beneficiarios: ¿empresarios favoritos del Gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, a quien se le endilga una larga lista de allegados?
El punto de partida es la sospecha.
No conciben una administración relativamente sana o transparente, y por eso siembran el terror en los todavía titulares de dependencias, quienes temen persecución.
No confían en las promesas de indulto a corruptos –y nadie se asume como tal- ofrecidas por Andrés Manuel López Obrador porque ven en sus sucesores la amenazante guadaña de la persecución.
Con un agravante: desde ahora son sospechosos.
NINGÚN PEÑISTA ESTÁ BLINDADO
Nadie escapa a esta sospecha.
Varios de los futuros secretarios de Estado o directores generales ven la oportunidad de reivindicarse políticamente con escándalos mediáticos y persecuciones judiciales.
Las habrá.
En el caso de las obras públicas son mano la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gerardo Ruiz Esparza y Petróleos Mexicanos (Pemex) con Emilio Lozoya y Carlos Alberto Treviño.
Pero también se hurga en dependencias de menor escándalo, como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por los antecesores de Eviel Pérez Magaña: Rosario Robles y Luis Miranda.
Aunque aquí hay confusión.
Mediáticamente Robles ha sido muy atacada en medios, pero el propio Andrés Manuel López Obrador la exoneró públicamente cuando dijo que se trata de una cacería de brujas para hacer escándalo.
Más bien la revisión por ahora se enfoca a los padrones de programas: pensión para adultos mayores, empleo temporal, instancias infantiles y otros.
Son sólo ejemplos, pero ningún funcionario peñista estará blindado.
AGENTES EXTERNOS EN LA CÁMARA
El relevo presidencial no se dará como nos lo prometieron, al menos en materia de seguridad.
Por órdenes de su mandamás, los legisladores de Movimiento Regeneración (Morena) aplaudieron la desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP), garante hasta hace dos semanas de los actos oficiales.
Luego prometieron (Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado) impedir el ingreso de fuerzas federales para garantizar la asistencia de más de 800 invitados al Palacio Legislativo.
Pero al final, para evitar riesgos y escándalos internacionales, como informamos ayer, aceptaron la presencia de militares para vigilar la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el sábado próximo.
Los elementos del Ejército estarán al cuidado de los casi 400 extranjeros asistentes.
No quedará ahí.
Como en el pasado, se aceptará la presencia de agentes armados del Servicio Secreto de Estados Unidos para vigilar a 100 personajes públicos de ese país, entre ellos el vicepresidente Mike Pence y la hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump.
Unos y otros, militares y guardias estadounidenses, ya se encuentran dentro y fuera del recinto y reportan cualquier incidente.
Dicho de otra forma: las formas no cambian como el discurso.
LEG