El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, dijo que la imposibilidad de cubrir las nóminas en algunos estados se debió a malas administraciones.
Esto, luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, diera a conocer que el pago de nómina docente generaba un déficit para la entidad, por lo que regresaría los servicios de educación básica y normal al Gobierno de la República.
Durante la reunión de la XLIII Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Granados Roldán aclaró que el Fondo para el Pago Educativo durante esta administración se realizó de forma eficiente.
“(El proceso se realizó) en algunos (casos) con eficiencia y cierto orden; en otros, fue francamente un desastre, opacidad grave. Varios de ellos hoy están sufriendo las consecuencias de su irresponsabilidad, descuido y justamente por eso tienen ahora los niveles de déficit presupuestal por los que está siendo muy complicado lidiar”, expresó.
El funcionario agregó que algunos entidades retuvieron el Impuesto Sobre la Renta (ISR). “No estoy señalando a ningún gobernador o a un estado en particular debido a que la responsabilidad es institucional; pero algunos estados retenían el ISR cuando manejaban la nómina y ese ISR ¡se lo quedaban!”.
En tanto, Esteban Moctezuma Barragán, próximo titular de la SEP, afirmó que los maestros que fueron cesados debido a la evaluación que implicó la reforma educativa, serán reinstalados.
Recordó que el Presidente electo, Andrés Manuel Lopez Obrador, se comprometió con estos docentes y aseguró que “tendrán sus derechos laborales a salvo”.
Reinstalación
Para realizar la reinstalación de los maestros cesados se debe modificar la Ley General del Servicio Profesional Docente o modificar la fracción tercera del artículo 3 de la Constitución, donde señala: “(…) La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.