El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, aseguró que, ante la necesidad de dotar de mayor eficacia y adaptabilidad al sistema de justicia, corresponde a los jueces garantizar la neutralidad de las autoridades, hacer efectiva la integridad electoral y proteger su independencia e imparcialidad.
Además, dijo el magistrado, los jueces electorales tienen la obligación de fortalecer aún más la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y generar mayor cercanía, incluso, mediante la implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos.
“La certeza en las normas y en nuestras sentencias, la transparencia, lo que el Tribunal Electoral ha denominado justicia abierta, son factores fundamentales para privilegiar, precisamente, esa certeza de la ciudadanía de que las decisiones que se tienen que hacer valer son las de la mayoría y también que tenemos una función primordial cuando existen factores, de hecho, antidemocráticos que hacen no respetar esa voluntad popular depositada en las urnas o cuando es afectado ese principio fundamental de independencia e imparcialidad por parte de las autoridades que les corresponde resguardar esa voluntad depositada en las urnas”, indicó.
Al participar en la mesa Mecanismos de resolución de conflictos electorales ante la coyuntura mundial: un resumen de las experiencias compartidas, en el marco de la Segunda Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, Vargas Valdez comentó que los jueces electorales han probado ser una pieza clave para el fortalecimiento de las democracias y la tutela de derechos político-electorales. Sin embargo, agregó, “quizá valga la pena explorar diversos métodos alternativos que, insisto, no es privar a la ciudadanía del derecho y acceso a la justicia, sino probablemente encontrar fórmulas de conciliación para permitir que la política también haga su parte”.
El magistrado de la Sala Superior del TEPJF añadió que si bien diversas democracias han adoptado por la vía judicial para resolver los conflictos, lo cierto es que “a raíz de las condiciones globales actuales, del debilitamiento de los sistemas de partidos, la proliferación de candidatos antisistema y la creciente desafección democrática, nos hemos visto obligados a replantear el diseño actual de nuestras democracias”.
Vargas Valdez reconoció que las nuevas realidades tecnológicas son el reto más importante que tienen las democracias hoy día, al tratarse de un fenómeno todavía no comprendido y del que no sabemos cuál es su alcance, cuáles son sus capacidades y cuáles son sus riesgos frente a los valores y a los principios democráticos.
“Me parece que parte de lo que hoy estamos llamados a realizar es una combinación entre un modelo regulatorio, así como de mejores prácticas en lo cual todo mundo, actores privados y actores públicos entendamos que los derechos, el ejercicio de derechos a la libertad de expresión, al derecho a recibir todo tipo de información, tiene que estar acompañado de una responsabilidad social de los agentes privados y públicos frente a lo que se denomina la información veraz y adecuada para la ciudadanía”, aseveró el magistrado de la Sala Superior.
En la mesa participaron el director para América Latina y el Caribe (IDEA-Internacional), Daniel Zovatto, y el director del Centro de Investigación Aplicada y Conocimiento de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, Chad Vickery.
fahl