El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció hoy que el nuevo Gobierno de su país deberá afrontar una “grave crisis humanitaria”, que acumula serios problemas de desapariciones forzadas.
“México pasa por una profunda crisis humanitaria y de violaciones de derechos humanos, con graves problemas de desapariciones forzadas”, admitió Encinas Rodríguez en su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que celebra su 170 periodo de sesiones en Washington.
El nuevo subsecretario, que acudió a la cita cuatro días después de tomar posesión del cargo, sostuvo que “las cosas ya cambiaron” con el nuevo Ejecutivo y asumió el compromiso de acabar con la impunidad de los responsables de desapariciones forzadas, “independientemente de su cargo o institución”.
Según cálculos de las autoridades mexicanas, en la actualidad hay un total de 36.000 personas desaparecidas y 1.100 fosas clandestinas.
“No se tienen capacidades institucionales para identificar a todos los desaparecidos, hay más de 26.000 cuerpos sin identificar”, ejemplificó Encinas Rodríguez antes de solicitar apoyo a la CIDH para iniciar un protocolo de actuación conjunta en casos de desapariciones bajo los estándares del derecho interamericano.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, aceptó la oferta de crear un mecanismo de búsqueda que será discutido en sucesivos encuentros.
La CIDH contemplará una visita a Nuevo Laredo, donde se acumulan más de 50 denuncias de desapariciones forzadas sin una investigación abierta.
“Agradecemos la postura del nuevo Gobierno mexicano, no es habitual que un Estado reconozca los hechos y no adopte ninguna posición defensiva”, indicó Abrão.
Durante la audiencia, la esposa del desaparecido José Daniel Trejo, Jessica Molina, intervino para contar su testimonio y apuntó directamente a miembros del Ejército mexicano como responsables de la desaparición de su marido en Nuevo Laredo.
“Los culpables respetaron mi vida solo porque saben que yo soy ciudadana americana y se llevaron a mi marido”, sostuvo Molina.
La representante de la Procuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Sara Irene Herrerías Guerra prometió garantizar la transparencia en las investigaciones y luchar contra la criminalización de las víctimas.
aarl