Tras un arduo debate en torno a la posible violación de derechos humanos que podría implicar la figura de prisión preventiva oficiosa, el pleno del Senado de la República aprobó reformas al artículo 19 constitucional que establece dicha pena para diversos delitos como el abuso o sexual contra menores, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como el uso de programas sociales con fines electorales.
En la discusión ante el Pleno, la propuesta original fue modificada de último momento para establecer que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cautelar, cuando no se pueda garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o testigos o el imputado haya sido procesado por delitos dolosos.
Asimismo la propuesta, que había sido criticada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue matizada, por lo que será en un plazo de cinco años, una vez entrada en vigor, cuando se evalúe la eficacia de esta medida cautelar, a través de informes emitidos por el gobierno federal y gobiernos estatales.
La reforma aprobada con 91 votos a favor y 18 en contra también establece la prisión preventiva oficiosa a los delitos de robo de transporte en cualquier modalidad; los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Asimismo los delitos cuya media aritmética de la pena exceda de cinco años de prisión, incluidas calificativas, atenuantes o agravantes, ello en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; y, en materia de corrupción.
Además de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; uso de programas sociales con fines electorales; hechos de corrupción y robo de transporte.
También se faculta al Congreso de la Unión para que en un plazo de noventa días realice las adecuaciones normativas para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis delictivas en caso armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
En uno de los artículos transitorios, se señala que los delitos en materia de corrupción, como enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entrarán en vigor a partir del nombramiento del titular de la Fiscalía Relacionada con Hechos de Corrupción.
En tribuna, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, expuso que está reforma constitucional es una pieza sustantiva de la estrategia del combate a la inseguridad del actual gobierno, pero como está planteada implica un retroceso en materia de derechos humanos, por lo que exhortó a las bancadas a no repetir los errores cometidos en los últimos dos sexenios.
Al respecto, el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que en la reforma penal se han hecho cosas buenas, “no quiero ver un abusador más en la cárcel, haciendo sufrir a su esposa y a sus hijos de los que abusó porque el sistema penal le permite a él que tiene dinero, llevar su juicio en libertad, quiero verlo en la cárcel, no estoy dispuesto a que por quedar bien con los derechos humanos, sacrifiquemos el estado y la seguridad de las personas”, declaró en tribuna.
Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, dijo que la prisión preventiva es una medida cautelar cuyo objetivo es que los indiciados no se sustraigan de la justicia, como ocurre actualmente con la llamada “puerta giratoria” que permite su pronta liberación, por lo respaldó a nombre esa bancada la reforma que amplía el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.
El senador del PAN, Damián Zepeda, consideró que esta reforma no combate el tema de la inseguridad, “por el contrario, lo agrava”.
fahl