Es un espejo bastante incómodo al mirarlo. En México, cada año, se llevan a cabo 25 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, según cifras del INEGI.

La población utiliza la corrupción para acceder a servicios públicos básicos y los gobernantes, para reventarse los bolsillos y catapultarse unos a otros. Las empresas, para sobrevivir. Y a los más pobres termina por hundirles con mayor velocidad.

Ante la falta de ascenso por méritos, la mordida o mochada como aceite para echar a andar la maquinaria social. De Gobiernos corruptos, coleccionamos historias. Dejaron de sorprendernos los políticos deshonestos, pero tampoco nos hemos resignado a ellos.

El 88% de los mexicanos considera que las prácticas corruptas son muy frecuentes entre los funcionarios públicos. No sólo es percepción; la desconfianza es legítima. Acá un Gobierno es corrupto hasta que demuestre lo contrario.

Si nos comparamos con el mundo, damos vergüenza. Ocupamos el penoso lugar 135 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, con 29 de 100 puntos posibles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador promete cambiar de paradigma: pasar del Gobierno rico con pueblo pobre, al Gobierno honesto y austero. La pregunta es ¿cómo?

Apuesta por la simplificación de trámites y por el recorte al “copete” de privilegios.

A fines de 2003, siendo jefe de Gobierno del DF, e impulsado por su entonces secretario de Finanzas y hoy secretario de Hacienda, el doctor Carlos Urzúa, lanzó las licencias de manejo permanentes y sin examen como pasó para dar “un golpe fuerte al coyotaje y a la mordida”. La acción tuvo éxito y su Gobierno incrementó la recaudación.

Ahora a nivel macro, la tarea es titánica. Al mando de la Secretaría de la Función Pública, una académica brillante y honesta: Irma Sandoval Ballesteros, quien advierte que no tenemos un “ADN corrupto” y reconoce que el pueblo se hartó de las prácticas corruptas.

Plantea desde ya la figura de “ciudadanos alertadores” que podrán denunciar bajo la garantía de ser protegidos. Esperemos que su voluntad no quede atrapada en los tortuosos laberintos burocráticos que dan pie a la impunidad.

Sobre las soluciones no está claro que el “antídoto natural” sea una austeridad extrema que derive en falta de operatividad de la administración pública.

¿Cuántos funcionarios estarán tentados a “compensar” sus bajos salarios con dinero “por fuera”? Esperemos que pocos. Ya los ministros ponen su dique y defienden el salario que creen merecer.

Estamos ante un asunto de Estado; la corrupción nos vuelve menos competitivos. Una persona gasta dos mil 800 pesos anualmente, en promedio, por corrupción y una empresa, 12 mil. Por huachicoleo, Pemex pierde más de 50 mil millones por año.

Entre otros factores, AMLO ganó la Presidencia porque la mayoría lo ve como una figura honesta de la que se esperan resultados.

La corrupción no debe ser nuestro destino manifiesto. El fracaso de AMLO en la lucha anticorrupción sería también el de todos.