Senadores de la República analizaron las implicaciones de la creación de una Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, durante el conversatorio “Derechos Humanos”.
El senador Emilio Álvarez Icaza dijo que el dilema es cómo resolver los reclamos de seguridad y justicia, como el caso de la aplicación de la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa, porque todavía no se está en la construcción de acuerdos entre todas las fuerzas políticas.
Martha Lucía Mícher, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, refirió que existe corrupción en los tres niveles de la policía, por lo que es necesaria la Guardia Nacional.
Ante las críticas en torno a la prisión preventiva oficiosa, explicó que el Senado amplió el catálogo de delitos que la ameritan pero no lo creó.
La secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Xóchitl Gálvez, dijo que para combatir a la delincuencia organizada y la inseguridad el país necesita una policía científica y capacitar a la que ya existe, no una Guardia Nacional.
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo que no se debe militarizar la seguridad porque significaría un retroceso. Además, lo aprobado en relación con la prisión preventiva oficiosa “nos parece lamentable”.
La presidenta de la comisión en la materia, Kenia López, recordó que el Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere la presunción de inocencia, y en contrasentido la semana pasada en el Senado se aumentó el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que no disminuiría la delincuencia o generará paz.
dpc