La conversación, que no el gritoneo, entre el Poder Ejecutivo respaldado por la mayoría legislativa y la élite del Poder Judicial debería ser efectivamente jurídica.

Estorba, a los propósitos de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador, la descalificación y el lanzamiento, voluntario o no, de las huestes morenistas que son justificadamente antipáticas al mantenimiento de los privilegios de los 11 integrantes de la Corte.

Contribuye en cambio a recordar que la voluntad nacional está encarnada en los poderes que están de acuerdo en la disminución de los inmensos privilegios de la élite judicial.

Sea su sueldo de alrededor de 325 mil pesos, más o menos con el bono de 555 mil pesos que reciben anualmente, más sus prestaciones numerosas, es ya un ingreso que triplica el del primer mandatario cuando sus responsabilidades no lo hacen.

Si la discusión ha de ser jurídica, léase legislativa y su correspondiente hermenéutica de intereses, después del posicionamiento judicial de prohibir la nueva Ley Federal de Remuneraciones, corresponde a los legisladores plantearlo de manera sencilla.

Procede, ciertamente entonces para continuar la conversación sobre el nuevo equilibrio de poderes, modificar el artículo 94 constitucional que reza: “La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales no podrá ser disminuida durante su encargo”.

Debería leerse en la parte correspondiente “será siempre menor a la percibida por el Presidente de la República”, además de que “en ningún caso podrá mantenerse si no es ésa la voluntad de la soberanía popular” expresada a través del Congreso, según se desprende de los artículos 39, 40 y 41 de la CPEUM y “no se considerará la reivindicación del derecho de retroactividad a quienes hayan percibido remuneraciones por encima de las devengadas por el Jefe del Ejecutivo”.

El Congreso, representativo incuestionable de la mayoría nacional, debe continuar la conversación jurídico-política que se ha abierto y debe mostrar y demostrar cuál es la voluntad nacional.

Los legisladores morenistas podrían proponer redacciones semejantes que manifiesten claramente que el equilibrio de poderes es, históricamente, una construcción que se modifica de acuerdo a las capacidades de esos poderes.

Ocurre en cada circunstancia, como lo demuestran las facultades y competencias de cada institución. Así lo revela el hecho de que aquéllas aumentan y disminuyen en contextos distintos… tal como ocurre con los ingresos de los jueces e integrantes de la élite del Poder Judicial.

Es relevante para la opinión pública nacional, como lo es para los actores de este desencuentro jurídico con rasgos políticos, que sea claro que la voluntad popular está representada por el Poder Legislativo -artículo 41 constitucional- como es ejecutada, valga la redundancia ya encerrada en el adjetivo, por el Poder Ejecutivo.

Para dirimir los conflictos entre poderes está el Poder Judicial.

Una de las partes interesadas en mantener el estado de cosas, ese mismo poder, no renunciará fácilmente a la defensa de un fuero especial, el del poder de interpretar la ley y el privilegio económico concomitante.

@guerrerochipres