La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se encuentra entre la espada y la pared: por una parte debe justificar la decisión de López Obrador de reducir el salario a los miembros del Poder Judicial y por la otra tiene el deber de defender a sus ex compañeros.

Cantinfleando, como hizo para defender la decisión de crear la Guardia Nacional con personal militar, “pero que no serán soldados, sino policías’’, Sánchez Cordero aseguró que es complicado el tema de la reducción de los salarios a los integrantes del Poder Judicial.

Y recomendó “dialogar’’.

Pues lo hubieran hecho antes de tomar esta decisión que ha enfrentado a los tres Poderes de la Unión.

La secretaria de Gobernación aseguró que el tema es complicado, “porque tenemos una norma constitucional que protege a los ministros y a los jueces, entonces no es tan fácil decir que se los bajen’’.

Se refiere al artículo 94 constitucional, que en el párrafo undécimo establece que “la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales no podrá ser disminuida durante su encargo’’.

Y mientras la secretaria de Gobernación hace maromas para justificar la decisión de su jefe sin quedar mal con sus ex compañeros, en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, al igual que Pablo Gómez insistieron que los salarios del Poder Judicial sí serán recortados.

Igualmente esgrimieron la reforma al artículo 127, publicada en el Diario Oficial el 24 de agosto de 2009, firmada por Felipe Calderón, en la que se establece que ningún funcionario podrá ganar más que el Jefe del Ejecutivo.

Específicamente, en el artículo III Transitorio en su primer párrafo, el 127 constitucional establece que “a partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente Decreto, las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:

a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –nadie puede ganar más que el Presidente- se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.

Si la ex magistrada ya sabía que habría un choque de Poderes por la interpretación de la Constitución, ¿por qué no se los hizo saber a los legisladores que redactaron sobre las rodillas la llamada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos?

Le habría ahorrado al país más división.

****
Y el premio al Altruismo Patrio es para… (redoble de tambores)… el empresario ¡José María Riobóo!

Y cómo no, si el constructor preferido del Presidente dice que no cobra y regala sus conocimientos asesorándolo en temas tan complejos como el aeropuerto de Santa Lucía –si es que alguna vez se construye- y ahora en la construcción del Tren Maya.

El constructor preferido ya dijo que no participará en ninguna licitación de las megaobras del sexenio, por eso creemos que todo lo hace por amor al país y a la 4T.

Eso sí es altruismo, no payasadas.

¿O no…?