Tojil, una organización civil liderada por especialistas en materia de derecho penal, quiere ser el brazo derecho del nuevo gobierno para no dejar en el expediente los diferentes casos de corrupción por parte de funcionarios públicos, tal es el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien es el único funcionario que cuenta con una sentencia ejecutoria durante el último año.
“En el caso Duarte, esas audiencias están videograbadas, pero no tenemos acceso a ellas porque no se nos considera parte de un proceso judicial de esa naturaleza”, manifestó Roberto Hernández, realizador del documental Presunto Culpable.
Uno de los objetivos de la organización es lograr una acreditación ante la Procuraduría General de la República (PGR) para tener acceso al material audiovidual de las audiencias de Javier Duarte, así como de diferentes políticos, con el fin de publicar noticias, dar seguimiento a los casos y continuar con las líneas de investigación de los procesos.
“El tener acceso a todo el aservo de video va a implicar que vamos a saber cuál es la verdad acerca de lo que ocurrió, y la magnitud de los actos de corrupción”, reiteró.
Actualmente, para que los diferentes actores pueden tener acceso a las videograbaciones, éstos deben tener una relación directa con el delito, pero en el caso del de corrupción, señala Hernández, no existe una víctima identificable, puesto que la víctima “somos todos”, por ello buscan ser representantes de la sociedad civil para fungir como intermediarios.
jhs