En las últimas semanas hemos visto el gran conflicto que hay entre el Poder Judicial federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador; la batalla, al menos la pública, ha sido por la Ley de Remuneraciones y la reducción de salarios.
Por un lado, López Obrador y la mayoría del Congreso de la Unión afirman que los ministros de la Corte ganan salarios cercanos a los 600 mil pesos mensuales, y que los jueces y magistrados ganan por encima de lo que percibirá el Presidente de la República. Por su parte, los miembros del Poder Judicial afirman que no sólo se trata de un asunto de salarios, sino de un ataque a la autonomía de uno de los tres Poderes de la Unión.
Ayer mismo, el ministro Eduardo Medina Mora advirtió que el Estado de Derecho no puede generarse, a menos de que se garantice la independencia de los juzgadores, por lo que se requiere de un compromiso genuino del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo con la preservación de la independencia judicial.
Incluso Medina Mora fue enfático al referirse sobre la división de Poderes y el adecuado modelo de contrapesos: “Los tres Poderes del Estado tenemos un papel primordial para alcanzar y asegurar la consolidación del Estado de Derecho. Se requiere de un compromiso genuino del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo con la preservación de la independencia judicial. Se requiere también que el Poder Judicial respete los ámbitos de actuación que corresponden al Legislativo y Ejecutivo, conforme el lugar y naturaleza que les ha asignado el Constituyente”.
Pero tampoco podemos dejar de lado que cada uno de los Poderes requiere de independencia y autonomía. Para nadie es un secreto que el candidato favorito de Morena para arribar a la presidencia de la Corte en enero próximo es Arturo Zaldívar, quien, a pesar de ser considerado un hombre externo al Poder Judicial, tiene el apoyo de algunos ministros del ala liberal.
Tras la elección, un bloque conformado por los ministros Eduardo Medina Mora, José Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek tratan de convencer del riesgo que representaría hacer llegar a la presidencia de la Corte a Arturo Zaldívar, pues de acuerdo a sus argumentos, con esa designación, López Obrador podrá modificar los balances que hay actualmente en la Corte.
Lo cierto es que en la competencia por la presidencia son cuatro los ministros que han levantado la mano: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Todos los candidatos a presidir el máximo tribunal del país admitieron en sus proyectos de trabajo para competir por la presidencia que existe corrupción en el Poder Judicial de la Federación.
Parte clave en la elección de la Corte es saber si antes de que finalice el año, el Congreso de la Unión nombrará un nuevo ministro que pueda incidir en la votación que se dará entre los ministros en enero próximo.
Es curioso que fue Arturo Zaldívar el único de los aspirantes que se refirió en su programa de trabajo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. “En el marco del descontento generalizado con las instituciones, se nos han hecho duros señalamientos y algunas voces han apuntado a la necesidad de introducir reformas a las leyes que nos rigen. Adicionalmente, ha entrado en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuya aplicación al PJF resulta problemática en el marco de las garantías institucionales que la Constitución establece”. Señaló que ante este panorama, el principal desafío del nuevo titular de la Corte será el de llevar a cabo la defensa de la independencia judicial.
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