Algo que se mantiene ausente desde el momento mismo en que el nuevo Gobierno decidió cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), a través del montaje de la consulta popular, es una razón. Una sola que pueda ser válida para justificarlo.

El estira y afloja que ahora mismo trae el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los tenedores de bonos emitidos por el fideicomiso para la construcción del NAIM (MexCAT) deja ver que realmente no tenían mucho conocimiento del mercado y de lo complicado que podría resultar desatar una demanda internacional ante la cancelación.

La nueva oferta de recompra de mil 800 millones de dólares, de los seis mil millones de dólares emitidos en el MexCAT, tuvo que superar el planteamiento inicial. La segunda propuesta ya no subestima a los tenedores de los bonos, y ahora sí les ofrecen el cien por ciento de su inversión más una prima adicional.

Todo eso es dinero que se suma a una cantidad estratosférica que hará de la cancelación del NAIM y de la eventual, que no segura, construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía, el capricho más caro del mundo.

Mientras no se logre convencer a una mayoría de tenedores de esos bonos, no pueden suspender la construcción del NAIM, porque el día que paren máquinas, en ese momento se presenta la demanda de incumplimiento tal y como lo señalan los contratos de los tenedores del MexCAT.

Y no saldrá de la bolsa de los funcionarios públicos esa cantidad tasada en cientos de miles de millones de pesos que costará su cancelación; saldrá de los bolsillos de los contribuyentes mexicanos.

Las cifras son inciertas, pero al final resultará más caro el caldo que las albóndigas. El mediocre parche a las pistas de Santa Lucía saldrá más caro que el aeropuerto de primer nivel planteado para Texcoco. Pero la lógica es una gran ausente en la ecuación.

Además, el costo mayor se ha dado en la confianza. El error de octubre le ha costado a la cotización de la moneda nacional frente al dólar nuevos normales por arriba de los 20 pesos.

Si el inicio del gobierno del presidente López Obrador lo pudo haber llevado con cotizaciones en torno a los 18.50, que beneficiaban al presupuesto y a los consumidores, hoy tiene que hacerlo con niveles de 20.50 pesos por billete verde.

Esto afecta tanto sus propios planes de gasto como el poder de compra de todo mexicano, sea del pueblo bueno o fifí.

Está claro que su modelo de Gobierno pasa por la polarización y la descalificación como método de control del poder. Ahora mismo se ejerce ese método contra el Poder Judicial.

Pero la polarización con la cancelación del NAIM fue un cálculo mal hecho por parte de los estrategas del Gobierno. No sólo porque esto ya marcó la administración de López Obrador para mal en esa necesidad que tiene de dejar huella histórica, sino por los costos financieros estratosféricos que traerá el capricho de Santa Lucía.

LEG