La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua convocó hoy a una “huelga ciudadana” de 24 horas para el próximo jueves para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en medio de la crisis que vive el país desde abril con saldo de centenares de muertos y detenidos.
“Llamamos a todos los sectores empresariales, comercios formales y ciudadanía en general a parar el país este 20 de diciembre y exigir la salida del régimen”, dijo en una declaración pública este domingo al Unidad Nacional Azul y Blanco.
Esta liga fue creada en octubre pasado y está conformada por movimientos y asociaciones estudiantiles, políticas, académicas, profesionales, feministas, campesinos y empresarios.
La huelga ciudadana del próximo jueves es también para exigir la libertad de los “presos políticos y justicia para nuestros hermanos nicaragüenses asesinados por la dictadura”, explicó, indicó la Unidad opositora.
Organismos humanitarios locales calculan en 674 los detenidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas desde abril pasado.
El Gobierno reconoce 273 detenidos, que clasifica, en cambio, como “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
Entre los detenidos más conocidos están los campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, la comerciante Irlanda Jerez, los afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate, el veterano maratonista Alex Vanegas, y los dirigentes universitarios Edwin Carcache, Byron Corea y Christopher Nairobi Olivas.
El del próximo jueves es el cuarto llamado a un paro nacional en Nicaragua contra el presidente Ortega desde que comenzó el conflicto en abril pasado.
El primer paro se convocó el 14 de junio pasado para obligar al Gobierno a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El segundo fue el 13 de julio pasado para mostrar rechazo a la celebración anual sandinista conocida como “El repliegue”; y el tercero fue el 7 de septiembre para presionar por la libertad de los “reos políticos”.
La huelga del 7 de septiembre fue convocado por la Alianza Cívica, compuesta por empresarios, estudiantes, académicos, campesinos y sociedad civil, y que es la contraparte del diálogo nacional con el Gobierno para superar la crisis, un proceso que está suspendido.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
DAMG