Una serie de delicadas promesas vertidas desde el poder: que van a pacificar al país. Que lo van a hacer sin atropellar los derechos humanos, que darán amnistía a quienes lo ameriten sin acuerdos ilegales, que van a incluir a los excluidos y que finalmente podremos fundirnos en un abrazo colectivo y establecer la República del Amor.

Y es que en México nos sentimos vulnerables porque lo estamos. El 75% de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro, según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. El porcentaje ronda un escandaloso 95% en urbes como Ecatepec, Villahermosa, Cancún, Reynosa, Fresnillo y Tapachula.

Percepción y realidad se fusionan cuando se trata del fenómeno de la violencia. El 64% de los mexicanos mayores de edad ha visto o padecido un asalto. Por igual seguimos coleccionando historias de desapariciones, extorsiones, feminicidios y secuestros. Nos persiguen los homicidios dolosos, robo en pequeños comercios, asaltos en el coche o en el transporte público. Nadie se siente seguro frente a un cajero automático.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, da un diagnóstico tan aterrador como atinado: reciben el territorio en ruinas, un país convertido en panteón, un Ejército y policías con la moral caída, el autogobierno en las cárceles y el reino de la impunidad.

Por eso la pregunta: ¿qué hará distinto el Gobierno actual para cumplir con su obligación de garantizar la paz?

Por lo pronto, crean una Guardia Nacional, compuesta por elementos militares, navales y federales. Órgano temporal, nos dicen, en tanto fortalecen al gran talón de Aquiles: las corrompibles policías municipales.

Una de las primeras acciones de López Obrador fue desplegar 35 mil 745 elementos de las Policías militar, naval y federal en 150 coordinaciones territoriales. Después vino la promesa de no usar al Estado para reprimir y ahora sí esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La nueva administración insinúa que el cambio sustancial en la estrategia radica en apostarle a la prevención del delito. A invertir en un modelo social para que la exclusión y la marginación dejen de ser utilizadas como ejes del reclutamiento criminal.

Pero la seguridad pública seguirá tutelada por los militares.

En materia de lucha contra el crimen organizado apuestan a pasar de un modelo prohibicionista en materia de drogas a uno que, con inteligencia, arranque el negocio a los cárteles.

“Empezamos bien, tengo las riendas del poder en las manos, es decir, hay Gobierno en México, y es un Gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos”, afirmó apenas en su tercer día al mando, López Obrador. Suena bien, pero es demasiado pronto.

En contraparte, 58.3% de mexicanos prevé -a decir de la encuesta del INEGI- que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su entorno continuará igual de mal o empeorará. Ojalá que no.