En el combate a la corrupción no se requiere dinero, sino voluntad política para sancionarla, erradicarla y prevenirla, afirmó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Sandoval Ballesteros.
Al participar en la ceremonia de presentación de la Política Nacional Anticorrupción, expuso que hay descoordinación entre las diferentes instancias que se encargan de luchar contra este flagelo, donde el comité coordinador no cuenta con poder vinculatorio alguno para asegurar el combate a la corrupción.
Por lo cual, advirtió, se corre el riesgo de que se convierta en un aparato burocrático, en un “elefante blanco”.
Asimismo, aclaró que un gobierno austero es aquél que no malgasta en cuestiones superficiales y vanas el dinero público, sino que destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales de desarrollo y justicia social que emergen del mandato popular.
Por ello, aseveró que desde la Secretaría de la Función Pública se impulsará el uso eficiente de los recursos públicos en el Sistema Nacional Anticorrupción.
En ese sentido estableció que la nueva secretaría está comprometida, obligada y deseosa de ser uno de los factores clave para erradicar la corrupción, la impunidad y recuperar, en favor de la sociedad, los recursos que de origen le corresponden.
Manifestó que en este relanzamiento de la dependencia, su misión básica será “instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público, un nuevo equilibrio organizacional que auspicie la honestidad, la eficacia, la profesionalización y la transparencia de la función pública en estricto apego a la legalidad y la normatividad imperante”.
Enfatizó que “nuestra visión hacia 2024 es que la corrupción se castiga, la ineficacia se elimina y el combate a la malversación de fondos se ciudadaniza, la denuncia se protege, la transparencia se garantiza, se generan ahorros para el erario público que se traducen en bienestar de la población y se logra el restablecimiento de la confianza en el servicio público como ingrediente primordial hacia el Estado Democrático de Derecho”.
Por fortuna, estableció, hoy nuestra institución resurge con este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación y sale fortalecida en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hace que todos los Órganos Internos de Control dependan jerárquica, organizacional y presupuestalmente de la secretaría.
Tras señalar que “para nadie es desconocida nuestra postura crítica sobre los procesos, que han dado lugar al Sistema Nacional Anticorrupción y su diseño institucional”, dijo que ya es un paso importante contar con un espacio para que algunas de las instancias encargadas de la prevención y el combate a la corrupción, tanto a nivel federal como estatal, se puedan coordinar.
Sin embargo consideró importante reflexionar sobre los aspectos que se deben fortalecer y robustecer al interior del Sistema Nacional Anticorrupción, como la coordinación en el combate a este flagelo.
También, prosiguió, es necesario corregir el desafortunado yerro que excluye del Sistema Nacional Anticorrupción a instancias muy relevantes para enfrentar de forma sistémica este fenómeno, entre ellos la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) o la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria.
Hay quiénes han manifestado su desacuerdo con incluir a estas instancias dentro del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, señalando que esto podría afectar el “equilibrio de votos” al interior del comité, pero el objetivo principal del Sistema no es ese, sino el de establecer mecanismos reales y verdaderos de coordinación entre todas las instancias para prevenir, erradicar y sancionar la corrupción.
Un punto importante, continuó, es robustecer el rol de la ciudadanía al interior del Sistema: “La fuerza vital para el combate a la corrupción son las y los ciudadanos”, por lo que se deberá fortalecer el rol de la ciudadanía en los procesos de vigilancia, fiscalización y denuncia, pero sobre todo de evaluación del funcionamiento de esta instancia y de las políticas públicas que de aquí emanen.
Así como revisar los mecanismos de selección y designación de las cabezas institucionales del Sistema Anticorrupción, para garantizar la transparencia del proceso y la independencia de intereses particulares por parte de quienes resulten designados.
Sandoval Ballesteros externó que otro aspecto importante es la coordinación con los sistemas locales anticorrupción, pues en algunos estados no se han logrado implementar estos mecanismos.
Agregó que junto con estas importantes reflexiones el tema de la austeridad republicana, “la austeridad de Estado es un modo de vida democrático sustentado en el interés general, en la sobriedad de la vida pública y privada y en la entrega abnegada al cumplimiento del mandato popular”.
Partiendo de lo anterior, sostuvo, consideramos que la visión de la Política Nacional Anticorrupción deberá ser: “Las instancias anticorrupción se coordinan y generan sinergias, la corrupción se castiga, el Sistema Nacional Anticorrupción se ciudadaniza y lidera la coordinación del combate a la corrupción a nivel local”.
La funcionaria indicó que como Secretaría de la Función Pública, “revisaremos y analizaremos de forma responsable la propuesta de Política Anticorrupción”, y aclaró que en la estrategia nacional de desarrollo se propondrá como principios rectores de todos sus programas y acciones la austeridad, la honestidad y el combate a la corrupción.
fahl