El primer presupuesto federal de esta administración es al mismo tiempo evidencia de algún compromiso social y manifestación de un sentido pragmático que tendrá que operar como base del primero.

La determinación de los legisladores, resultante del debate sobre el proyecto de egresos, será a su vez el afinamiento de un propósito político al que hay que dar un cuidadoso seguimiento en las áreas centralísimas de la seguridad ciudadana -como ahora se le llamará- y del inicio de procesos para modificar la profunda desigualdad que impera en el país.

La expresión de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, en el sentido de crear un salario mínimo de 102 pesos por día como base de un incipiente inicio de redistribución de la renta nacional no daría mucho apoyo al objetivo general, si no fuera por el hecho, al menos reflejado en el proyecto de egresos, de que es una intención de Morena y del Poder Ejecutivo elevar en 10 veces el presupuesto que tiene esa secretaría y convertirla así en una de las piezas articuladoras de la encomienda simultánea de generar condiciones para el trabajo y una distribución progresista y progresiva de los recursos del erario destinados a la política social.

En materia de seguridad es por ahora difícil calcular el grado y amplitud de la convergencia de los presupuestos directamente destinados al tema provenientes de las Policías, del Ejército, la Marina y la próxima Guardia Nacional. Sin embargo, puede decirse que en ese conjunto de gasto deberá aclararse cuánto del mismo estará destinado a la homogeneización del ingreso de los policías después de estar cubierta la exigencia estándar de sus capacidades.

Existe un cálculo promedio, según el cual, ocho de cada 10 pesos del gasto federal se sitúan en pago a salarios y honorarios diversos. Será conveniente también establecer en qué medida la proporción dedicada a la cuarta transformación afectará esa estimación o si va a ser difícil modificar la proporción que del presupuesto se dedica al proyecto de la política social, aun cuando ya es notable, como en el caso de la STPS, la nueva orientación sobre el tema.

Adicionalmente, importa a todos conocer la eficiencia de la aplicación del presupuesto y de los nuevos y viejos actores que en ese proceso han sido y serán convocados a manera de garantizar evidencias de que avanza el plan “para terminar con la corrupción”, con el cual se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue clave en su arrasadora victoria electoral.

Más precisamente aún: es deseable observar la desaparición de prácticas clientelares, del lado de la política social, como de prácticas descalificadas por el Ejecutivo, en las cuales algunas empresas sin concurso pudieran hacerse de la gestión del proceso de canalizar las políticas sociales.
Vigilar el ejercicio del presupuesto nos involucra a todos.

@guerrerochipres