La Ley de Ingresos, aprobada ayer en la Cámara de Diputados en lo particular, aumentó en 23 mil 768 millones de pesos el monto de recursos que tendrá el Gobierno federal para gastar durante el ejercicio fiscal del 2019.
Ese incremento se generará, explicó el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) al presentar la reserva al respecto, con una mejor política de recaudación fiscal y de combate a la evasión.
“En los últimos años, el crecimiento de operaciones con facturas falsas se ha convertido en un problema serio para las finanzas del país, consideramos que existe un área de enorme oportunidad para atacar la facturación fantasma y lograr que esos recursos ingresen al erario público.
“Esas prácticas deshonestas serán combatidas frontalmente, hay que destacar que la capacidad técnica del SAT para identificar estas prácticas fraudulentas ha mejorado significativamente. En consecuencia, se prevé alcanzar mayores ingresos a los presupuestados inicialmente en la Ley de Ingresos 2019”, dijo el legislador desde tribuna.
Por ello, resaltó, es correcto calcular que se incrementará la recaudación tributaria porque no se devolverán los saldos a favor que no sean legítimos, por provenir de actos amparados por facturas apócrifas, cerrando la posibilidad de devolver saldos de impuestos no enterados al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Así, el total de ingresos para el 2019 pasó de cinco billones 814 mil 291.7 millones de pesos a cinco billones 838 mil 59.7 millones de pesos.
Sin embargo, las bancadas de oposición mencionaron que la propuesta de Morena faltaba a la técnica legislativa, pues esa reserva no siguió el procedimiento para ser presentada y discutida en el pleno.
El diputado Antonio Ortega (PRD) cuestionó que no había ningún elemento nuevo, o estudio que determinara que la economía del país se va a mejorar y que habrá más consumo y por tanto más impuestos sobre la renta.
“Vienen a convencernos de una bolsa de 23 mil millones de pesos que, hace unas horas, eran de 20 mil y que la corrigieron a partir de la publicación en la Gaceta. Están haciendo las cosas sobre las rodillas. Les están dando una orden, y todos sabemos de dónde partió, para resolver el problema que tienen”, manifestó el perredista.
Cuestionó si ese cambio en la cantidad de ingresos que tendrá la Federación será para corregir el error presupuestal con las universidades o atender el tema del campo, o la violencia hacia las mujeres.
Avanza Ley de Remuneraciones; aplicará para el Poder Ejecutivo
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos reservados de la Ley Federal de Remuneraciones, con la cual se establece que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República, cuyo salario, a partir de enero, será de 108 mil pesos mensuales.
La citada ley tiene una suspensión judicial dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ), la cual impedirá que los funcionarios del Poder Judicial y de los organismos autónomos estén sujetos a la reducción de salarios dentro del plan de austeridad del Gobierno federal.
El diputado Antonio Ortega (PRD) explicó que la Ley Federal de Remuneraciones aprobada ayer se envía al Senado para su discusión y aprobación, y será aplicable a partir de enero, pero únicamente a los servidores públicos del Poder Ejecutivo.
“Será una vez que regresen (en la SCJN) de vacaciones, y por ahí de febrero yo creo, que tendrán que pronunciarse de fondo sobre el asunto y resolverlo”, indicó.
Agregó que la reducción que tuvo el Poder Legislativo a sus ingresos fue producto de un acuerdo de todos los coordinadores parlamentarios, y no como resultado de la aplicación de ley alguna.
Por su parte, el Poder Judicial Federal informó que hasta el 19 de diciembre 11 mil funcionarios han presentado demandas de amaro contra la Ley Federal de Remuneraciones.
Según el listado de los registros de los servidores públicos que buscan el amparo, 402 son promovidos por jueces, 540 magistrados, 3 mil 347 secretarios de acuerdos de juzgado, 745 actuarios de juzgado y 3 mil 381 oficiales secretarios de juzgado. El resto de los amparos son promovidos por funcionarios de las dependencias como la PGR, Petróleos Mexicanos, IPN, Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral (INE).
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