TOKIO.- Japón decidió retirarse de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) como un primer paso para retomar la caza comercial de ballenas, sujeta a una moratoria total del organismo desde hace 30 años, revelaron ayer fuentes gubernamentales.
El país planea anunciar su retirada antes de fin de año, dijeron las fuentes a la agencia de noticias Kyodo, una decisión que llega tras años de enfrentamiento entre los países partidarios de poner fin a la moratoria y los que defienden su vigencia, y cuyo último capítulo tuvo lugar en la reunión celebrada en septiembre en Brasil.
Los miembros del órgano regulador mundial del tratamiento a las ballenas rechazaron entonces por mayoría (41 votos en contra, 27 a favor y 2 abstenciones) la propuesta de Japón de crear un comité de caza sostenible, lo que llevó a Tokio sugerir su abandono del foro.
Para dejar la CBI a partir del próximo año, Japón debe notificar su determinación a la comisión antes del 1 de enero.
El Gobierno japonés estaría estudiando que la caza comercial de cetáceos, que afectaría a ciertas especies como la ballena de minke (rorcual aliblanco), de la que estima que hay un número de ejemplares relativamente abundante, se realice sólo en los mares cercanos al país y su zona económica exclusiva, dijeron las fuentes.
El ministro portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, afirmó por su parte que “por ahora no hay nada decidido” al ser preguntado al respecto durante su rueda de prensa diaria.
Japón firmó la moratoria total de captura de ballenas con fines comerciales, que entró en vigor en 1986, para tratar de conservar la especie, y al año siguiente emprendió programas de captura científica que defiende que buscan contribuir a la gestión de recursos marinos.
La actividad ballenera japonesa ha sido, no obstante, criticada por la comunidad internacional y organizaciones animalistas, que consideran que se trata de pesca comercial encubierta, dado que la carne de los especímenes estudiados es posteriormente vendida.
Japón mantiene dos programas de este tipo -uno en el Pacífico Norte, en la costa septentrional del archipiélago, y otro en el Antártico, que fue considerado ilegal por la Corte Internacional de Justicia en marzo de 2014 por no ajustarse a “fines científicos”.
El país asiático detuvo dicho programa durante unos meses, hasta diciembre de ese año, cuando lo retomó luego de introducir cambios en el programa, incluida una reducción en el volumen de capturas.
LEG