Los Ángeles.- El procurador de California, Xavier Becerra, encabezó hoy a una coalición de 17 estados que presentó un informe de “amicus curiae” para manifestar su oposición a la decisión del gobierno federal de cancelar el programa DACA que beneficia a jóvenes indocumentados.
El informe de “amicus curiae” se opone “a la práctica ilegal del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de cancelar automáticamente el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)” sin el debido proceso, señaló un comunicado divulgado aquí este viernes.
El escrito denuncia que el DHS ha incurrido en prácticas ilegales al rescindir los beneficios y permisos de trabajo a algunos jóvenes adscritos al DACA, conocidos como “dreamers“, sin haber recibido alguna notificación o sin darles la posibilidad de impugnar esa decisión, como exigen las reglas del programa.
“Los ‘dreamers’ juegan según las reglas. Lo mismo debería hacer su gobierno. Como miembros vitales de las comunidades de California, los ‘dreamers’ deben poder confiar en que estarán protegidos por la ley”, dijo Becerra, quien presentó el escrito en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.
“Estas acciones ilegales no sólo dañan a los ‘dreamers’ y sus familias, sino a nuestra economía, salud pública, escuelas y servicios sociales. El DHS debe seguir sus propios procedimientos y cumplir con su deber legal para con los ‘dreamers’”, aseguró el procurador general de California.
En su informe, los fiscales argumentan que la política del DHS perjudica tanto a los beneficiarios del DACA, como a sus familias y comunidades, ya que los “dreamers” tienen fuertes lazos familiares e incluso empresariales en los lugares donde residen.
Revocar el DACA perjudica a sus beneficiarios al despojarlos de la autorización legal para trabajar, obligándolos a volver a las sombras y obstaculizando su capacidad de mantener a sus familias, incluidos niños ciudadanos de Estados Unidos, añadieron los procuradores.
Resaltaron que el DACA y la autorización de trabajo que lo acompaña han permitido a los beneficiarios inscribirse en colegios y universidades, obtener títulos, convertirse en profesionales, médicos y maestros, servir en el ejército de Estados Unidos, abrir negocios, comenzar familias y comprar casas.
Los beneficiarios del DACA hacen contribuciones sustanciales, tanto a la economía estatal como a la estadounidense, y aportan más de mil 200 millones de dólares al año en impuestos estatales y locales, destacaron los fiscales.
Finalmente, consideraron que el hecho de que el DHS no siga sus propios procedimientos escritos para el DACA provoca incertidumbre, temor y confusión en los beneficiarios de dicho programa y socava la confianza del público en el gobierno.
El escrito presentado por Becerra contó con el apoyo de los fiscales generales de Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el distrito de Columbia.
fahl