Managua. Un juez de Nicaragua ordenó que la periodista de doble nacionalidad nicaragüense-costarricense Lucía Pineda Ubau, crítica del presidente Daniel Ortega, sea juzgada en Managua, donde deberá guardar prisión preventiva.
El titular del Juzgado Séptimo de Audiencia de Managua, Aberlardo Alvir, tomó la decisión contra Pineda, tras aceptar una demanda del Ministerio Público por el delito de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.
El juez determinó que Pineda sea juzgada a partir del 25 de enero próximo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado acciones de este tipo, contra periodistas, ONGs y empresarios, como la más reciente etapa de “represión del Gobierno de Nicaragua”, y ha advertido que tiene pruebas de que en este país se practican “crímenes de lesa humanidad”.
Pineda fue capturada por la Policía de Nicaragua la noche del viernes, en un operativo policial, en el que también se arrestó al matrimonio propietario del canal, Miguel Mora y Verónica Chávez, y a otros cuatro empleados y provocó la movilización del gobierno de Costa Rica.
La acusación contra la periodista se da en medio de una crisis sociopolítica que, desde abril pasado, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 199 muertos y ha informado de 273 reos, que clasifica de ser “terroristas”, “golpistas”, y “delincuentes comunes”.
La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega no acepta responsabilidad y afirma que venció un intento de “golpe de Estado”, alegato que es rechazado por la Acnudh y la CIDH.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones.
aetc