En los últimos días, Ortega ordenó el cierre de dos medios de comunicación que han informando sobre la la represión contra la ciudadanía desde el 18 de abril, cuando comenzó la actual crisis.
El 13 de diciembre, la Policía saqueó las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, medios dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas nicaragüenses más reconocidos a nivel internacional y crítico del régimen orteguista.
Y el viernes pasado, Ortega mandó cerró el canal 100% Noticias y apresó a su director Miguel Mora y a su jefa de información, Lucía Pineda Ubau para posteriormente acusarlos de provocar y conspirar “para cometer actos terroristas”, según reportó el diario nicaraguense La Prensa
Por otra parte, ayer se informó que un juez de Nicaragua ordenó que Pineda Ubau, periodista de doble nacionalidad nicaragüense-costarricense y crítica de Ortega, sea juzgada en Managua, donde deberá guardar prisión preventiva.
El titular del Juzgado Séptimo de Audiencia de Managua, Aberlardo Alvir, tomó la decisión contra Pineda, tras aceptar una demanda del Ministerio Público por el delito de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. Y determinó que Pineda sea juzgada a partir del 25 de enero próximo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado acciones de este tipo, contra periodistas, ONGs y empresarios, como la más reciente etapa de “represión del Gobierno de Nicaragua”, y ha advertido que tiene pruebas de que en este país se practican “crímenes de lesa humanidad”.
Pineda fue capturada por la Policía de Nicaragua la noche del viernes, en un operativo policial, en el que también se arrestó al matrimonio propietario del canal, Miguel Mora y Verónica Chávez, y a otros cuatro empleados y provocó la movilización del gobierno de Costa Rica.
La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega no acepta responsabilidad y afirma que venció un intento de “golpe de Estado”, alegato que es rechazado por la Acnudh y la CIDH.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones.
Alerta internacional
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respaldado por la OEA, documentó violaciones de derechos humanos durante las protestas en Nicaragua y señaló lo siguiente:
En Nicaragua hubo crímenes de lesa humanidad como asesinato, persecución y violación, entre otros.
Daniel Ortega y los altos mandos de la Policía deben ser investigados por la masacre generada en el conflicto qu ecomenzó en abril pasado
No hay evidencia de golpe de estado
No hubo una organización que dirigiera las protestas, todo salió de la ciudadanía
Además de los muertos, heridos, exiliados y presos políticos, la violencia “ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social.
No hay separación de poderes del estado, pues el sistema de justicia, (Ministerio Público y Poder Judicial) ha actuado como una pieza del esquema de violación a los derechos humanos.