Por Eduardo del Río

El robo de combustible es, sin duda, uno de los delitos más complejos en el mapa del crimen organizado de nuestro país. Surge a principios de este siglo, resultado de una diversificación de las actividades de los principales cárteles de la droga. De todos es sabido, y existen estudios serios como el de la consultora Etellekt intitulado Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2016 que así lo corroboran, que bandas criminales como Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo han encontrado en el huachicol una de sus primeras fuentes de ingreso.

Tan solo hace dos años, Los Zetas y el CJNG obtuvieron alrededor de 12 mil millones de pesos en ganancias por el hurto de gasolinas en tomas clandestinas en entidades como Puebla, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Guanajuato y Veracruz. Esta actividad no podría entenderse sin la existencia de una red de complicidades que implica a policías locales, autoridades municipales, comunidades enteras, funcionarios estatales e, incluso, personal de Pemex, que ha tenido que ceder ante las amenazas del crimen organizado.

En días recientes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia para combatir este delito que afecta gravemente a las finanzas públicas del país. El huachicol dejó de ser “un problema social”, como el entonces candidato de Morena quiso calificar en campaña a esta actividad, para convertirse en un delito grave, con lo que ello implica.

El diagnóstico presentado por AMLO es poco alentador. El desfalco provocado a Petróleos Mexicanos ascendería a 60 mil millones de pesos y no a 20 mil mdp, como se calculó al cierre de la pasada administración. La óptica de las responsabilidades cambiaría también. No serían las bandas criminales sino los propios funcionarios de Pemex – sin especificar niveles- los implicados en esta actividad. Una aseveración que parece responder más bien a la imperiosa necesidad del Primer Mandatario de ver en los servidores públicos a los culpables de todos los males que aquejan al país y no, como en este caso, al crimen organizado.

Se olvida que los esfuerzos por combatir el robo de combustible no surgen en este gobierno. Durante los dos últimos años de la pasada administración, se puso en marcha una estrategia para realizar un diagnóstico profundo de este fenómeno que permitiera actuar en consecuencia. El trabajo de coordinación estuvo encabezado por la Secretaría de Hacienda y en él participaron dependencias como Sedena, Semar, PGR, CISEN y Pemex, además de los gobiernos estatales afectados por este ilícito.

Los resultados de este trabajo no fueron menores. En 2017 se aseguraron más de 23 millones de litros de combustible y se recuperaron 11 millones de litros de gasolinas. Se abrieron cerca de mil carpetas de investigación, de las cuales 741 se judicializaron. Cerca de 200 personas fueron puestas a disposición de la autoridad y más de 100 obtuvieron sentencias condenatorias. En ese mismo año de referencia, se incautaron más de 5,200 vehículos y se llevaron a cabo cerca de 300 cateos, con el aseguramiento de 80 inmuebles relacionados con el robo de combustibles.

Asegurar que este delito contó con la complicidad de altos directivos o de funcionarios de primer nivel es sin duda resultado del calor de las conferencias mañaneras. Quienes conocen de este tema saben, y pueden así demostrarlo, que el problema surge de fuera, de la sofisticación del crimen organizado y de su capacidad de penetrar a los mandos medios y técnicos de una empresa hasta hoy vulnerable frente a este delito. Los tiempos exigen mayor responsabilidad, en lo que se hace y, sobre todo, en lo que se dice.

Segundo tercio. Hoy se inicia esta columna Desde la barrera, un espacio en el que prevalecerá la crítica responsable y respetuosa, muy necesaria en estos tiempos. Agradezco la oportunidad brindada por Antonio Torrado y Eduardo Salazar. A ellos mi gratitud. A usted, amigo lector, mis mejores deseos para este 2019 que arranca.

Tercer tercio. Vienen recortes en el personal del gobierno de la CDMX. ¿Cuántos de los futuros desempleados votaron por el candidato de Morena?