El magistrado liberal Arturo Zaldívar Lelo, elegido e investido hoy como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, tiene un historial de defensa de la independencia y la transparencia judicial.
Durante el desarrollo de su cargo como ministro de la SCJN, Zaldívar, de 59 años de edad, se ha caracterizado por sus votos a favor de leyes relacionadas con el derecho a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, a la no discriminación o a la protección de comunidades indígenas.
Durante el discurso de investidura, el presidente destacó la necesidad de “renovar el poder judicial” y de “estar más cerca de la gente” en un “momento complicado” para el país latinoamericano, que ha vivido recientemente un cambio de Gobierno.
Original del estado central de Querétaro, el nuevo presidente de la SCJN se graduó en abogacía en la Escuela Libre de Derecho y fue docente y abogado durante 25 años.
En 2015 postuló por primera vez a presidente del Supremo mexicano, pero perdió en una larga votación de 32 rondas con el ministro Luis María Aguilar.
En esta ocasión elaboró un proyecto en el que proponía la inconstitucionalidad de dos artículos del Código Penal Federal que criminalizaban el aborto, además de, como en su proyecto actual, proponer reforzar la independencia del poder judicial y actuar contra la impunidad institucional, entre otras medidas.
En el programa para sus cuatro años como presidente de la SCJN, destacan conceptos como la independencia, la autocrítica y la transformación del organismo hacia una nueva forma de administrar.
Su proyecto también contiene una propuesta de regulación del acceso a puestos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) mediante exámenes en todos los niveles para fomentar la meritocracia y reducir la corrupción.
En su ejercicio como abogado formó parte de numerosas organizaciones como el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional o el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
En su puesto de ministro se ha involucrado en temas como la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la igualdad y la no discriminación, los derechos de los niños, la defensa de las comunidades indígenas o la igualdad de genero, entre otros.
Además, también se posicionó a favor de la constitucionalización del uso lúdico de la marihuana y en 2011 propuso amparo a Florence Cassez, una ciudadana francesa acusada de delito de secuestro alrededor de la que se orquestó un espectáculo televisivo que perjudicó a su presunción de inocencia.
La primera sala del Supremo rechazó en marzo de 2012 la propuesta de Zaldívar para liberar a Cassez y confirmó la sentencia por 60 años por secuestro en contra de la francesa, quien finalmente fue liberada en enero de 2013 con base en otro proyecto de la Corte propuesto por Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación.
En el año 2009, el magistrado presentó un proyecto de sentencia en el que aseguraba que funcionarios de alto nivel de guarderías públicas eran responsables de la muerte de 49 niños en un incendio en la Guardería ABC del estado de Sonora, en el noroeste de México.
Por lo anterior, al nombre de Zaldívar se relaciona con una ideología afín al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e incluso con una amistad con el mismo, por lo que algunos sectores de la población han mostrado su preocupación, al considerar que esta cercanía perjudica a la separación de poderes.
El magistrado ha sido profesor de derecho constitucional, derecho procesal y derechos humanos en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Panamericana. También obtuvo la cátedra de derecho constitucional en la UNAM.
MARG