Nunca se imaginaron los políticos catalanes golpistas que sus acciones terminarían llevándoles a los tribunales.

Cuando a finales de octubre de 2017, el entonces Presidente catalán, Carles Puigdemont, proclamó en el Parlamento catalán la independencia unilateral e ilegal de Cataluña, no llegó a avizorar la gravedad de sus actos. Pensó que la justicia y el Estado le perdonarían este hecho que iba en contra de la Constitución Española.

Horas más tarde, Puigdemont y unos seguidores huyeron rumbo a Bélgica sabiendo que los delitos de rebelión y sedición allí no existían como tales, y que por eso quedarían en libertad.

Otros como el antiguo vicepresidente Oriol Junqueras y algunos consejeros del político golpista Puigdemont prefirieron quedarse en España pensando que la justicia de nuestro país no se atrevería con ellos.

Ha pasado más de un año de aquel agravio contra el Estado de Derecho español, y aquellos políticos que quisieron poner al Estado contra las cuerdas, que quisieron romper España y separar a Cataluña sin tener una base jurídica, tienen que enfrentarse a penas muy duras. Los actos fueron graves y tienen consecuencias.

España está concebida como un reino con 17 comunidades autónomas. Según dice la Constitución Española, se trata de un reino indivisible. Si los catalanes, o vascos, o valencianos o gallegos quieren independizarse del Reino de España, lo primero que tienen que hacer es modificar los puntos que hablan de la indisolubilidad del Estado Español. Una vez hecho esto, sí cabe, claro que cabe una separación. Pero se tiene que hacer de esa manera.

No se puede saltar la ley por justa o injusta que pueda ser. Cualquier transgresión a la justicia desemboca en el caos y, por lo tanto, en la anarquía. Por eso se hacen las leyes en el mundo. Por eso todos tenemos que cumplirlas.

Los políticos catalanes que intentaron driblar la ley deberán sentarse en el banquillo de los acusados este mes de enero. Asistiremos al juicio más importante de toda nuestra democracia. Las penas deberán ser ejemplares, aunque eso último no lo tengo claro viendo cómo el gobierno del socialista Pedro Sánchez se inmiscuye en la justicia.

El Gobierno pretende que las penas sean laxas. Eso le daría muchos puntos de cara a que los políticos de Cataluña le ayudaran para que Sánchez continuara en el poder.