Vale la pena hacer el recuento de los días posteriores a la decisión de detener el robo de combustibles a través del cierre de ductos: si el éxito se mide porque se roban menos gasolina, la lógica es irrebatible, al desaparecer el producto hurtado, la tasa de delito es cero, y el éxito se dará cuando haya abasto y los consumidores puedan acceder a un producto a precio justo y el huachicoleo se reduzca al mínimo.
Las cifras ofrecidas por el nuevo Gobierno indican que 80% del robo proviene del fraude realizado dentro de las terminales de almacenamiento donde las pipas sacan combustible sin respaldo documental o con apenas algún registro, es decir, las tomas clandestinas, a pesar de que llegan a tener más de mil ataques mensuales en los ductos; sólo representan 20%.
Las tomas clandestinas se convirtieron en un negocio importante para poblaciones completas, y al paso del tiempo fueron monopolizadas por las células del crimen organizado, cuyas estrategias y accionar se hicieron cada vez más complejos e involucraron otros delitos.
Hace algunos años, el huachicol se llevaba a cabo a través de “árboles de válvulas”, herramientas que son precisas en su operación e indetectables, mientras que actualmente se utilizan simples llaves con las que se hacen agujeros y derrames. Una vez en el suelo, se argumentan fallas en los ductos con la consecuente “pérdida de miles de litros”.
En países como África, Nigeria y Liberia, el combate al robo en los ductos se realiza a través de la vigilancia con drones que disparan alarmas en los centros de control, estrategia que ha resultado eficaz y sin impacto entre los consumidores.
A pesar de este tipo de ejemplos, el Presidente tomó la decisión de cerrar los ductos tras haber efectuado algunos operativos de prueba en la frontera, por ello es que la terminal de Reynosa no tiene producto desde hace casi un mes, y el abasto en la región se hace desde Monterrey y Ciudad Madero. Nos dicen que parte de la determinación se debió a que detectaron que, dentro de Pemex, altos mandos estaban operando a favor de los huachicoleros.
Una ciudadanía cada vez más molesta tendría que saber a detalle si estas acciones impactarán de manera permanente en las células del crimen o sólo se estará abatiendo de manera temporal, es decir, ¿hay detenidos?, ¿qué actividad tendrán ahora los huachicoleros?
Es necesario conocer con exactitud y de manera transparente el costo generado para poner en marcha el operativo no sólo por el transporte en pipas, sino por lo que dejaron de vender las gasolineras, así como las pérdidas para empresas agrícolas, transportistas, de servicios diversos, taxis y el transporte colectivo. De haber dado resultado el operativo, también se deberá informar que gasolineras fueron sancionadas por comprar combustible robado.
En cuanto al largo plazo, es evidente que los yerros de la estrategia llevarán a cuestionar los propios planes del Gobierno federal: ¿para qué quieres una nueva refinería cuando no puedes proteger las existentes o no existe la garantía de que el producto llegue al consumidor final?
El asunto y sus consecuencias seguirán generando controversia en los próximos días, y hasta que se normalice el abasto y distribución, y sólo hasta ese momento la ciudadanía tendrá la certeza de si valió la pena “haber apoyado al Presidente” al padecer la falta del combustible o la estrategia habrá sido en vano.