La creación de la Guardia Nacional que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para dar seguridad pública, implica “la militarización” del país, señaló hoy el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, Jan Jarab.
La Guardia Nacional “abonaría a un proceso de militarización de lo que hoy es civil, en sentido opuesto y regresivo a lo que desde los organismos internacionales hemos planteado”, indicó Jan Jarab, al participar en unos foros realizados en el Legislativo para evaluar este organismo.
Jarab criticó que la Guardia Nacional – que encabezada por el Ejército sumará a policías militares, navales y federales- implique una reforma constitucional, dando mayor competencia a las Fuerzas Armadas.
Recordó además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”, salvo excepciones.
Por todo ello, la ONU-DH pidió al Legislativo evaluar de manera “pausada y reflexiva”, con apego a los compromisos internacionales, la creación de esta Guardia Nacional.
En su turno de palabra, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Guardia Nacional da “una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos”.
Al participar en las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional convocadas por la Cámara de Diputados manifestó que los mexicanos no pueden depositar sus derechos, dentro de un sistema constitucional, en órganos o estructuras militares.
López Obrador anunció a inicios de año un programa de reclutamiento de hasta 50 mil jóvenes para conformar la nueva Guardia Nacional, antes incluso de la reforma constitucional que permite su creación.
Este organismo ha sido criticado por organismos nacionales y extranjeros por considerar que perpetúa la militarización del país y la llamada guerra contra el narcotráfico, que arrancó en 2006 bajo el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) continuó en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
fahl