Especialistas en seguridad y defensores de derechos humanos insistieron este jueves, durante la quinta mesa de análisis del dictamen para la creación de la Guardia Nacional, en rechazar el mando castrense, y alertaron del poder que tendrían los militares con ello.
La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, resaltó que en caso de que el mando quede en la secretaría de la Defensa Militar (Sedena), éste no debe sobrepasar los tres años.
“El tener cinco años el mando militar estaría hablando, inclusive, de poder decir que el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos seis años en este país. Me niego a poner esto como una antesala”, expresó la morenista.
Explicó que, debido a la autoridad que tendrían los militares en el país, podría tomarse una decisión electoralmente distinta, “porque tendríamos una influencia en ese sentido, desde la perspectiva militar”.
En ese sentido, el experto en seguridad, Alejandro Hope, advirtió que dejar a los militares al mando durante cinco años empoderará a la Sedena, “y va a tener el incentivo y el peso político para lograr que el Legislativo extienda ese plazo, tal vez de manera indefinida”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, destacó que la Sedena no puede ser la instancia que directa o indirectamente investigue, sancione y prevenga los delitos que comenten civiles.
Lamentó que se haya iniciado, cuando menos mediáticamente, el proceso de reclutamiento para la Guardia, “lo cual haría presumir que con independencia de lo que aquí se discuta, estamos frente a una determinación ya tomada”.
El representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, externó que el modelo de seguridad concebido en el dictamen para la nueva corporación no responde a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debe ser excepcional. Hace permanente lo que debe ser temporal y amplía una labor que debe de estar circunscrita a criterios de estricta necesidad”, indicó.
Alejandro Madrazo Lajous, coordinador del Programa de Política de Drogas del CIDE, enfatizó que la propuesta no funcionará para generar seguridad, porque la militarización no contiene la inseguridad, sino que la exacerba.
“Ustedes no pueden votar responsablemente este dictamen si antes no exigen cuentas del Ejército y de la Marina por los resultados de los últimos 12 años de militarización de la seguridad pública”, enfatizó el académico.
LEG