La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una Recomendación 84/2018, a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Alfonso Durazo, al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, al encargado de despacho de la PGR Alejandro Gertz porque en 2013 un elemento del Servicio de Protección Federal (SPF) empleó arbitrariamente la fuerza pública en contra de un migrante a quien disparó por la espalda dejándolo paralítico.
El 28 de junio de 2013, un centroamericano presentó una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos de la entidad la cual fue remitida a la CNDH donde se señala que la víctima, así como un grupo de 10 personas, subieron al tren en la ciudad de Querétaro para dirigirse al norte del país y cruzar la frontera con los Estados Unidos.
Al llegar a la ciudad de Apaseo el Grande, observaron a un costado del tren a dos elementos de “Protección Federal Ferroviaria” (SPF), pertenecientes al entonces CNS, con uniformes de color azul y colgada al frente un arma larga, por lo que, en cuanto el tren detuvo su marcha, descendieron y se echaron a correr para que no los detuvieran, ocasión en la que los policías los persiguieron.
Se escucharon disparos de arma de fuego y momentos después el quejoso se percató de que el agraviado se hallaba tirado en el suelo. El elemento del SPF al observar al lesionado con una herida en el pecho, le dijo: “no quería darte amigo”, posteriormente fue trasladado al Hospital General de Celaya, Guanajuato, donde recibió atención médica.
La Comisión Nacional señaló que la detención y aseguramiento de las personas se debe realizar únicamente cuando su conducta flagrante esté prevista como delictiva por la legislación penal, y las leyes autoricen el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego.
Tras concluir su investigación, el Organismo confirmó la violación a los derechos humanos referidos, por lo que solicitó a Durazo que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se brinde la reparación integral a la víctima en los términos y alcances de la Ley General de Víctimas.
Al gobernador de Guanajuato se le pidió colaborar con la CNDH en la queja que presente ante autoridad competente en la Procuraduría General de Justicia de la entidad, en contra de las personas servidoras públicas responsables que intervinieron en la integración de la Averiguación Previa iniciada.
Mientras que al encargado de despacho de la PGR, se le solicitó colaborar con la CNDH en la queja que se presente ante la instancia competente en la Procuraduría contra los funcionarios responsables de las irregularidades y hechos ya detallados.
LEG