Como si se tratara del sistema circulatorio, ante la sangría que desahuciaba a Petróleos Mexicanos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por la medida más drástica: colocar un torniquete y frenar de golpe el millonario negocio del robo de combustible que beneficiaba a los cárteles del huachicol, comandados por funcionarios y grupos del crimen organizado.

El botín a repartir: más de 60 mil millones de pesos anuales. Cifra conservadora si se le agrega lo que le succionan también a Pemex los piratas huachicoleros en altamar, particularmente en el Golfo de México y que va a dar no sólo al mercado negro nacional, sino a Centro y Sudamérica.

Los huachicoleros de cuello blanco y sus operadores han penetrado pueblos enteros, estableciendo una logística perfecta para sus bolsillos, pero exponiendo a familias enteras, incluyendo a niñas, al riesgo de morir calcinados. Sólo en Guanajuato 80% de lo que ofrecían las gasolinerías era huachicol, según lo reconoce el gobernador panista Diego Sinhue.

Mientras a los huachicoleros les cierran la llave, observamos sus coletazos. En clara afrenta, en medio de esta emergencia, han saboteado por lo menos en cuatro ocasiones el ducto que abastece a la Ciudad de México y que va de Tuxpan a Azcapotzalco. ¿Cuándo serán aprehendidos?

Por lo pronto, juegan a las vencidas, apelando a la molestia ciudadana para retomar el negocio.

Si el Gobierno actual no extingue a los cárteles del huachicol, lejos de una primera gran victoria, tendremos una peligrosa debacle que advertirá que el Estado es más débil que la delincuencia organizada en cualquiera de sus ramificaciones.

Por ahora, a pesar del malestar generado por el cambio en la distribución del combustible, la ciudadanía -a decir de las encuestas- apoya la medida presidencial. La lógica es nítida, si el costo de terminar con la sangría a Pemex es pasar por las incomodidades de larguísimas filas a la espera de combustible, vale la pena. Pero la paciencia no es infinita; la batalla es a contrarreloj.

No faltan los que afirman que todo esto es un plan maquiavélico del gobierno de AMLO para racionar la gasolina, y sugieren que el problema radica en que se está importando menos combustible de Estados Unidos. Están equivocados y desgraciadamente seguimos adquiriendo 600 mil barriles diarios del país vecino del Norte, el desabasto es por el combate al huachicol, insiste el tabasqueño.

“Salió más caro el remedio que la enfermedad” gritan algunos, apresurando a que se regrese al modelo de la eficiencia huachicolera. Aquéllos que no les importa les carguen Premium, Magna o huachicol con tal de que les retaquen el tanque.

Las decisiones tienen un costo. Se elige entre escenarios y alternativas. Así son las políticas públicas; quien se sienta monedita de oro que no gobierne.
La clave para el Gobierno en turno será normalizar lo más rápido posible el abasto y sanear la red. Así sabríamos también que como país aún tenemos remedio.