Por ahí de mediados de diciembre del año pasado, el escribidor transitaba por el eje Manuel J. Clouthier de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Era más o menos el mediodía, y el tránsito era el de una ciudad en desarrollo: autos particulares, transporte público de pasajeros, taxis, vehículos de trabajo y de carga y, por supuesto, peatones apurados como en cualquier otra urbe del mundo.

Pronto, el escribidor tuvo enfrente una camioneta con placas particulares (ya me explicaron que son decomisadas y que, ni modo, así las tienen que utilizar) con aparentes miembros del Ejército, por lo menos sus uniformes y sus armas largas lo hacían suponer. Con la precaución, bueno, bueno, miedo en realidad, la rebasé por la derecha (¡qué ironía!) y no eran una, sino dos camionetas, luego tres pipas con logotipos de Pemex y delante de ellas otras dos camionetas similares, resguardando que la gasolina no se convirtiese en huachicol.

Contra lo que cree y se pregona, por lo menos en el Bajío, el huachicoleo no es novedad, y su antigüedad no es de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Se remonta muchos años atrás, a aquéllos cuando todavía se utilizaba el petróleo en estufas y en mecheros nocturnos, entre otros usos. Es probable, cierto, que no fuera entonces un problema tan grave como ahora, pero de que existía, existía, y más o menos se sabía quiénes eran los huachicoleros de entonces, desde entonces.

Y desde entonces, todos los Gobiernos lo toleraron, hasta que se convirtió en el gran negocio del crimen organizado, en el Bajío y en el resto del país.
Y detrás del huachicoleo, el robo de combustibles para los puristas del idioma no están los oleoductos, ni los autotanques ni los bidones. Está la corrupción. Están los ciudadanos, los del pueblo bueno y los del pueblo malo, que compran el combustible robado.

Sí, ya se sabe que da flojera, pero piense usted un poco, cuestione: si usted manda una determinada cantidad de combustible a determinado destino, sea por ductos o por pipas, pues esa cantidad es la que debe llegar; sí, sí, se entiende que en estos casos puede haber mermas por cuestiones de clima o de otras circunstancias, pero esas pérdidas siempre serán previsibles. Además, los ductos cuentan con la tecnología para detectar bajas en la presión, ya sea por falta de inyección en el envío o por fugas y, entonces, se puede determinar dónde están esas “fugas”, los robos. También es cierto, ya se sabía -eche usted un vistazo a la prensa, esa calificada de “fifí” y “chayotera”, de los años recientes de los Gobiernos anteriores- y Pemex reconocía que había empleados propios involucrados en ese robo (¡claro, se requiere de cierta especialización para hacer un hoyo en un ducto y no provocar un incendio y una explosión!). Y, sí, nada se hizo. De esto no hay duda ni justificación. Lo publicado ahí está.

Piense un poco más: si no hubiera quien comprase el huachicol, ¿alguien lo vendería? Pero, ¿qué tanto es tantito?, ¿si otros lo hacen, por qué yo no? Ellos se lo roban, yo no; todos hacen lo mismo…

Hoy se anuncia una especie de cruzada con el huachicoleo, que afecta esencialmente a estados con gobernadores opositores políticos al Presidente de la República. Se decide que cuatro mil militares vigilen instalaciones petroleras estratégicas. En el caso de Guanajuato, se concentran en la refinería de Salamanca, llamada Ingeniero Antonio M. Amor y que los medios locales llaman RIAMA. ¡Bien!

Pero resulta que entre las primeras medidas está la de revisión física exhaustiva y el hostigamiento de los trabajadores de la refinería en el momento de su ingreso a las instalaciones. Seguramente entraban con bidones vacíos que, al final de la jornada laboral, salían llenos de combustible.

Además, el Gobierno federal decide cerrar los oleoductos que transportan los combustibles a diferentes terminales de distribución. ¡Genial!, ¡claro, se acabaron los robos!, ¡no hay que robar! Previsor, el Gobierno decidió repartir en plena etapa vacacional de fin de año la gasolina mediante pipas, vigiladas, claro, por Ejército, y vino el consecuente desabasto, que no es desabasto ni falta de abasto, según se ha explicado y solicitado comprensión, sino retraso en el abasto.

Digamos que de acuerdo. Sin embargo, si la lógica no falla y el Estado de Derecho lo exige, se trata de detener y, en su caso, castigar a los ladrones de combustible (los huachicoleros), no de perjudicar a los consumidores de combustibles (gasolina y diésel), que no son sólo los automovilistas fifí, sino también quienes transportan bienes de consumo generalizado por todo el país y muchos más que utilizan los vehículos para trabajar y producir.

Como enseñaban los viejos de la comarca, quienes no sabían de tecnologías ni conocían la “bendición” de las redes sociales: se debe tener cuidado de no tirar al niño junto con el agua sucia de la tina en la que se le bañó. Ellos también sabían que la muerte del perro no acaba con la rabia.

¿Por qué no se envía al Ejército a vigilar los oleoductos a los lugares del saqueo?, ¿no hay planos de por dónde pasan esas tuberías?, ¿quién persigue a los huachicoleros?, ¿a cuántos se ha detenido y consignado? Si Fox, Calderón y Peña no lo hicieron, pues hay que reparar la omisión; y si ellos tuvieron responsabilidad penal, habrá que someterlos a la justicia.

Además, el Presidente de la República ha dicho que el huachicoleo es una farsa; que el robo de combustibles se planeaba y ejecutaba desde las oficinas centrales de Pemex. Bien: ¿quiénes?, ¿se les fincarán cargos?

Más: ¿Pemex informará cuántas pipas contrató para su operación de cambio de estrategia de distribución?, ¿quiénes son los propietarios de esos autotanques? Y, lo más importante, ¿cuándo se regularizará el mercado de la gasolina? Ingenuamente (hay que decirlo de alguna manera) llaman a no realizar compras de pánico (lléneme tanque y medio, por favor), cuando ese llamado provoca precisamente compras de pánico.

O ¿el cierre de los ductos fue una estrategia mediática para que después de unos días el Gobierno federal aparezca como solucionador de la “escasez” de gasolina?

Éste no es sólo un problema económico y mediático, es un problema del Estado de Derecho: el de un delito impune. Y el Gobierno está obligado a aplicar la ley. Bueno, eso dice la teoría.