La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/2018 a autoridades federales, estatales y municipales por no prevenir los actos de violencia que propiciaron el desplazamiento de comunidades en Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.
Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2017 en que varias personas ingresaron al municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona, por lo que aproximadamente cinco mil 266 habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, entre otras, dejaron sus hogares.
Buscaron refugio en zonas del mismo municipio, ante lo cual la CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares para que las autoridades brindaran a la población desplazada protección inmediata, ayuda humanitaria y seguridad.
La Comisión Nacional solicitó al gobernador de Chiapas Rutilio Escandón que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las autoridades municipales, se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de quienes perdieron la vida durante el desplazamiento forzoso.
También brindarles atención médica y psicológica; y a quienes sufrieron daños en sus viviendas, perdieron sus cosechas y animales de granja, y a todas aquellas que lo requieran se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas
Al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR). Alejandro Gertz se le solicita continuar con la integración y perfeccionamiento de las respectivas carpetas de investigación y, en su caso, lograr la identificación y detención de los probables responsables, colaborar con la CNDH en la queja que se presente ante la Visitaduría General de la PGR.
Al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, realizar un análisis sobre la inversión pública que anualmente se deba prever y se requiera para que al Programa de Derechos Indígenas se le asignen los recursos suficientes para el debido funcionamiento del “Apoyo para el Acceso a los Derechos Indígenas Desplazados”.
LEG