La “lectura de la cartilla” a la cúpula política convencional esencialmente derrotada en las elecciones pasadas la inició el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de insistir en la vigencia de Alfonso Reyes.
Anunció una lucha frontal contra la corrupción, avisó de la promoción de una especie de Constitución Moral, adelantó el combate a los huachicoleros y anda como viviendo aquella expresión de “A Dios rogando y con el mazo dando” sin que deje de ser discutible la duración y la previsión de las acciones.
Si bien es cierto que es debatible la sugerencia de una ética general, aun cuando provenga de la reedición de las sugerencias del extraordinario intelectual regiomontano -quien antes era muy simpático a las derechas- promovidas hace 75 años por el entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, también es cierto que hay valores de cultura cívica que persisten en esas recomendaciones.
AMLO puede tener razón al actuar y hacer compartible una ética de lo público y lo personal a través del ataque al huachicoleo y la promoción de la cartilla de Alfonso Reyes.
Recordemos que la “lectura de cartilla” fue iniciada en el momento de su ascenso al poder nacional.
Le dijo a Enrique Peña Nieto, el ex mandatario que conjugó triste y exacerbadamente a la ineficiencia y la corrupción en un solo sexenio: “Se ha implantado el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación”. Pruebas a la vista.
Peña Nieto aguantó todo ese 1 de diciembre.
En contraste, las agrupaciones criminales, incluidos en ellas los actores procedentes de la estructura de Pemex, del sindicato, las gasolineras y pobladores beneficiarios del huachicoleo y grupos sofisticados del crimen, tienen una disposición anímica distinta.
Ante ellos, el Presidente tiene un reto mayúsculo. ¿Deben ser perseguidos todos como criminales que son, de acuerdo a la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos?
¿Cómo interpretar el llamado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a los legisladores líderes de bancadas en Morena, para que se apruebe la modificación al artículo 19 constitucional que considera graves las prácticas relacionadas con el robo y comercialización de combustibles?
La disposición de AMLO a la sanción ejemplar que se busca, fortaleciendo la vigente desde 2016 y que ya implica cárcel de períodos de entre cuatro y 17 años, podría endurecerse con una intervención rápida del Congreso.
La línea narrativa del mandatario no ha cambiado. La oportunidad de imponer sanciones penales a responsables de extracción ilegal y venta de hidrocarburos es inmejorable.
AMLO se enfrenta a organizaciones y grupos capaces de boicotear en cuatro ocasiones, al menos hasta ahora, el gasoducto Tuxpan-Azcapotzalco en sus 317 kilómetros de longitud. Ello a pesar de la vigilancia de las Fuerzas Armadas.
Pronto será visible que las fuerzas criminales detrás del desfalco son muy poderosas. El Presidente ya lo dijo este lunes: tiene miedo, pero no es un cobarde.
Eso estará un día en otra cartilla: la de ejemplificar con la acción y resultados demostrables para el bienestar común.
@guerrerochipres