La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y The World Justice Project urgieron para que, en el marco de la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública, cuya discusión se inicia hoy en un periodo extraordinario de sesiones, se faculte al Congreso de la Unión para expedir una Ley Nacional de Actos de Investigación del Delito, que homologue y consolide los criterios que deben regir las actuaciones policiales y la recolección de evidencia criminal.
En Conferencia de prensa Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de Coparmex, acompañado por integrantes de The World Justice Project: el investigador Senior Roberto Hernández y las investigadoras Marien Rivera y Lilian Chapa Koloffon señalaron que “este es un paso necesario, ya que hace diez años se inició en México una reforma penal que transformó drásticamente el sistema penal.
En los juzgados penales de primera instancia se hizo posible instalar juicios orales y públicos, con procesos más rápidos y transparentes y jueces que ofrecen claridad sobre el desarrollo del proceso”, mencionaron.
Sin embargo, agregaron, a esos esfuerzos por mejorar y homologar la calidad de la justicia en el país les faltó una pieza fundamental: la profesionalización de las policías.
Ambas organizaciones expusieron que bajo el nuevo sistema de justicia, la policía es la primera autoridad en actuar ante un delito y su papel en la investigación es central para que un crimen no quede impune.
Hoy en día las policías investigan delitos en un contexto de alta incertidumbre jurídica y sin estándares profesionales que deriven en investigaciones sólidas.
Por todo ello, The World Justice Project y Coparmex colocan hoy en la agenda pública la necesidad de incorporar en la Reforma en materia de Seguridad Pública una facultad a cargo del Congreso de la Unión un nuevo marco legal que regule la actuación de todas las autoridades que participan en tareas de seguridad pública.
Consideraron que la regulación existente hoy en día es deficiente por varias razones, ya que enlista pero no desarrolla de forma exhaustiva los actos de investigación que realiza el Policía Primer Respondiente, y no contempla actos cruciales para la investigación.
Ejemplo de ello es que el arresto sin orden de aprehensión, a pesar de que sólo en 13% de los casos se utiliza ese mecanismo legal para fundamentar la detención, y no regula o menciona, la entrevista a la persona investigada, a pesar de que en 58.1% de los casos que terminan en sentencia condenatoria, la persona procesada fue interrogada por un agente de la policía.
Los organismos expusieron que tampoco regula la identificación de la persona investigada mediante diversos métodos, incluido el testigo ocular, o los mecanismos de verificación de legalidad de cada uno de esos actos, como lo son el registro escrito o videograbado del acto o la intervención del defensor.
Ambas organizaciones advirtieron que de no se legislarse existe una ventana de oportunidad en el periodo extraordinario de sesiones, persistirán vicios en los temas de investigación criminal y, lo más grave, continuará una fuente de impunidad, ya que si la actuación policial es arbitraria, la evidencia recolectada es débil y los casos se caen antes de llegar a juicio o durante éste.
Finalmente consideraron que es el momento de discutir la profesionalización y actuación con protocolos de investigación general para policías y para la Guardia Nacional, para llevar el debido proceso, con eficacia, transparencia y rendición de cuentas de cualquier entidad, antes de que concluya el periodo extraordinario de sesiones del Congreso.
DAMG