El país se asume a sí mismo como inmerso en una percepción negativa de la seguridad, y ésa es la mitad del reto del Gobierno federal y de los Gobiernos estatales. La otra mitad es la buena gestión del resto de las políticas públicas, especialmente la del presupuesto en que todas ellas se basan. Además y de manera detallada, el registro de eventos delictivos caracteriza una tendencia al alza al finalizar el sexenio, lo cual impactará en cualquier registro que se realice del 1 de diciembre de 2018 a la fecha: la probabilidad de la contención de la inseguridad atraviesa una zona de prueba de definiciones de alto nivel que deberán ocurrir en el primer semestre de este 2019.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima, sin embargo y con un matiz, que en diciembre del año pasado 73.7% de las poblaciones urbanas, donde habita más de 70% de la población, manifestó “percepción social” de inseguridad. Esto implica, dato para observar, que hay una ligera mejoría respecto a septiembre del mismo 2018 cuando el porcentaje correspondiente fue de 74.9%. Por supuesto que una mejora de 1.2 puntos porcentuales es relativamente menor, pero significativamente relevante porque implicaría una posibilidad. Ésta es la de inflexión positiva, que no necesariamente una disminución en el registro o en el conteo según diferentes índices, de la situación empírica y registrada de la seguridad en todo el país. La percepción mejora. Los casos de incidencia muy probablemente no.

Mejores conteos, mayor coordinación y colaboración de organismos expertos podrán contribuir a un mejor diagnóstico de la seguridad. En algunas ciudades, como la capital del país, hay que hacer notar que el INEGI, para el mismo periodo de septiembre y diciembre de 2018, no necesariamente tiene buenas noticias. En las regiones norte, poniente y oriente de la capital nacional la percepción ha empeorado, respectivamente la “percepción social” negativa es de 88.4, 46 y 85.7%, de acuerdo a la encuesta correspondiente del INEGI.

Este miércoles, de manera clara y contundente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, con información de la Procuraduría General de Justicia, que encabeza Ernestina Godoy, del secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, y la que ha provenido del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital nacional, presentó un escenario del deterioro de la seguridad por la intervención del grave tema de préstamos exprés que se convierten en la introducción de esquemas de extorsión y de cobro de derecho de piso organizados fundamentalmente por personajes de nacionalidad colombiana, en asociación con mexicanos o sin ellos. La línea de Sheinbaum va en un esquema de concertación ciudadana que irá creciendo y haciéndose visiblemente más eficiente con instrumentos adecuados de articulación social y operativa. Apostemos por sacar a la ciudad del deterioro en que fue dejada el sexenio pasado por el abandono de liderazgo, operativo y de coordinación, que siempre requiere la seguridad.