Las comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Justicia de la Cámara de Diputados analizan castigar el abuso sexual con prisión de nueve a 12 años, multa económica, así como el pago de la reparación del daño.
La diputada, María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteó modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal.
La iniciativa propone que se entenderá por acto sexual, cualquier tocamiento o manoseo corporal con sentido lascivo y caracterizado por un contenido sexual.
Cuando la parte ofendida sea incapaz de comprender el significado del hecho, se encuentre en estado de indefensión, sea menor de 15 años de edad, o el delito sea cometido con violencia física o psicológica se perseguirá de oficio. En todos los demás casos, será por querella.
Sobre el derecho a la educación, establece que las autoridades federales, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México garantizarán la elaboración de protocolos de actuación sobre situaciones de violencia sexual que afecten a niñas, niños y adolescentes para guiar la actuación del personal docente.
Citó que de acuerdo con especialistas, en México cada año se cometen al menos 600 mil delitos sexuales y el promedio de edad de las víctimas es de 5.7 años.
Los principales agresores son personas cercanas a la víctima: hermano (19%); padrastro (18%); tío (16%) y padre (15%) y señala que de las personas adultas que buscaron apoyo, una de cada dos víctimas no recibieron ningún tipo de ayuda en la infancia, sólo 22% lo tuvo.
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que en 2017, unos 4.5 millones de infantes fueron víctimas de abuso sexual, dos por ciento de los casos se conocen en el momento que se presenta el abuso.
La propuesta de la diputada Saldaña Pérez se sustenta en que la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce que la violencia sexual afecta a millones de personas en el mundo y constituye un problema grave de salud pública global que repercute en los derechos humanos, de víctimas y de justicia social.
dpc