Joaquín el Chapo Guzmán corrompió a mandos militares, atravesó a todas las administraciones federales que se le pusieron enfrente, las dobló a billete sucio. Por igual se escapó de dos penales de máxima seguridad, supuestamente en un carrito de lavandería, años más tarde por un túnel. No lo encontraban porque aceitaba a todos, negociaba sin distingo con policías y sicarios y se paseaba sabiéndose impune. Su gran obsesión: las mujeres.

No es la nueva serie que prepara Netflix. Así se ventila su juicio en Brooklyn, Estados Unidos, por 11 cargos, incluyendo el trasiego de cientos de toneladas de droga y conspiración en territorio norteamericano y por los cuales podría recibir cadena perpetua.

¿Alguien del Gobierno mexicano está tomando nota o siquiera escuchando el juicio del Chapo? Por ahora, las acusaciones son de escándalo y allá han explotado como bomba mediática: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habrían manchado sus manos y conciencias con cientos de millones de dólares provenientes del Cártel de Sinaloa, a decir del polémico abogado de Guzmán Loera, Jeffrey Lichtman, y del socio del capo mexicano, el colombiano Alexander Cifuentes Villa.

Por si no bastara, el testigo central del Gobierno norteamericano y quien coopera con la DEA, Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, ha revelado los nombres de los generales seducidos en fila por el Cártel de Sinaloa en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Lógicamente todos los implicados rechazan las quemantes acusaciones. ¿Pero vale la pena indagar o simplemente lo que se dice allá en el Norte, no alcanzamos a escucharlo en el Sur?

Los señalamientos explosivos que derivan del juicio del Chapo alimentan la sospecha de que los Gobiernos anteriores fueron tan sólo administradores de la corrupción, que hemos vivido en la simulación, en el país de las películas mal contadas, en el pestilente reino de la impunidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en ser “partidario del punto final, de no meternos, no quedarnos empantanados con asuntos judiciales… Yo soy partidario de que haya justicia; no albergo odios ni venganzas”, afirma.

No obstante -en paralelo-, advierte que los grandes temas de corrupción pasan por el visto bueno de los Presidentes en turno. Por eso promete que cuando los legisladores reformen el artículo 35 constitucional y establezcan las consultas públicas vinculantes (con fuerza jurídica y obligatoria), hará una pregunta estratégica:
“Crees que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persiga a ‘chivos expiatorios’ y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Sí o no?”.

Por la orientación de la pregunta parece que los ex Presidentes serán juzgados, ¿en qué términos?, ¿históricos?, ¿jurídicos? No lo sabemos.
Por lo pronto, ¿están escuchando al Chapo?