La causa del fallecimiento de 79 personas, hasta ahora, por la tragedia de Tlahuelilpan no se debe solamente a que un segmento de la población se ha corrompido tanto como le sucedió a quienes criticaban y que, por lo tanto, hay “pueblo malo” y “pueblo bueno”, en la disputa que quieren introducir las derechas.
Es cierta la carencia absoluta de educación cívica y la inhabilidad de esas personas incluso para entender los riesgos de su propia necesidad, que llega a lo delincuencial. Tampoco es la causa “necesaria y suficiente”.
No lo es que se haya encendido un cigarro, rozado eléctricamente unas ropas de poliéster, prendido un auto o un celular, como sugieren testimonios diversos o el titular de la Fiscalía General, Alejandro Gertz Manero.
Una variable central de ese gravísimo siniestro es el vacío en que está la respuesta a esta pregunta básica: ¿qué está dispuesto a hacer, para prevenir y para sancionar en flagrancia, el Gobierno mexicano frente a su obligación de restablecer el orden público?
La población relacionada con actividades delictivas no modificará fácilmente su comportamiento por el solo hecho de que el poder nacional ha sido asumido por la cuarta transformación.
El Gobierno federal, sumergido en varias tareas relacionadas con el gigantesco problema de la inseguridad, que es el problema del restablecimiento pleno del Estado de Derecho, no ha precisado cuál es su capacidad y disposición para el ejercicio de la violencia legítima, la del Estado apoyada en la ley.
¿Qué está dispuesto a hacer ante los agrupamientos delincuenciales de todo nivel el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador?
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, advirtió que es muy difícil contener a 600 u 800 personas con 25 elementos armados.
Dijo al respecto de Tlahuelilpan en el tramo a donde llegaron los pobladores, convocados o por su propia cuenta, a robar combustible: “No puede haber un esfuerzo para buscar detenerlos, nunca lo van a lograr, y más si están convencidos los pobladores de querer ir con el producto, nunca lo va a poder hacer”.
“Es mejor evitar esa confrontación al verse rebasados por la cantidad de gente que esté frente de ellos y es lo mejor para ambas partes retirarse”, afirmó el titular de la Sedena.
¿Cómo?, ¿y si la parte que violenta la ley estuviera armada?, ¿y si no se retira, ocurre que el Ejército se distancia de la escena y con la idea de “ser rebasado” se abstiene de intervenir, pedir ayuda pronta, no poder movilizarla? Entonces, ¿tiene la instrucción de dejar hacer y dejar pasar en una especie de neoliberalismo de la impunidad en flagrancia?
El Presidente está de acuerdo con la prudencia del Ejército. Advierte que en situaciones que se dan “de repente” no hay mucho qué hacer. El Ejército debe tener una respuesta.
En atención a las medidas de contención mediata, Gertz Manero anunció este domingo la disposición de aplicar la extinción de dominio en predios vinculados al robo de hidrocarburos, lo cual corresponde a un esquema de sanción, pero no de prevención ni de contención contra sectores determinados a continuar con el robo y el crimen que son su vida cotidiana.
Avanzar en la necesaria decisión presidencial de contener corrupción e impunidad requiere definiciones prontas antes del arranque de la Guardia Nacional.
@guerrerochipres